En medio del debate nacional acerca de la seguridad (o falta de ella) en la frontera sur del país, algunos gobernadores están tomando cartas en el asunto.
El gobernador de Texas, Gregg Abbott, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, enviaron una carta a los otros 48 gobernadores del país pidiéndoles asistencia en controlar el gran número de personas que quieren cruzar ilegalmente la frontera a diario. Lógicamente, muchos interpretan esta movida como un hecho partidario de dos gobernadores republicanos oponiéndose a la política migratoria de un presidente demócrata.
Quizás también con una motivación política, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis -una de las principales figuras conservadoras en el país-, se sumó a la polémica anunciando que su estado estará enviando oficiales de policía a ayudar en los dos estados que tienen la mayor cantidad de kilómetros de frontera en el país.
Si bien no dio detalles de cuántos oficiales irán, cuándo ocurrirá o cuánto le costará a los contribuyentes de Florida, el gobernador DeSantis afirmó que ya habló con los departamentos de control de patrullas, de cumplimiento de la ley y la comisión de peces y vida silvestre para que colaboren con este esfuerzo. Además, el gobernador aseguró haber recibido ofrecimientos de los departamentos de policía de los condados de Brevard, Escambia, Hillsborough, Holmes, Lee, Okaloosa, Pasco, Santa Rosa y Walton, para enviar gente de su fuerza a la frontera.
“La administración Biden puso fin a políticas efectivas contra la inmigración ilegal en la frontera sur impuestas por el presidente Trump. Revocaron políticas designadas para proteger nuestra frontera y mantenernos seguros”, decía DeSantis en rueda de prensa junto a la fiscal general de la Florida, Ashley Moody.
Dos días atrás, la oficina de Moody presentó un escrito instando a un tribunal federal de apelaciones a bloquear las decisiones de aplicación de la ley de inmigración de la administración Biden. Y no fue la primera vez que Moody hizo un intento en corte. El estado de Florida acudió a la corte de apelaciones del undécimo circuito de Estados Unidos después de que la jueza de distrito Charlene Edwards Honeywell rechazara una solicitud de una orden judicial preliminar en una demanda que Moody presentó en marzo.
Dicha demanda alega que los memos firmados por el departamento de seguridad interna y el departamento de inmigración durante el 20 de enero y el 18 de febrero de 2021 violan las leyes de inmigración y el acta de procedimiento administrativo.
“El interés del público de hacer cumplir con las leyes de inmigración es amplio. Particularmente con aquellos criminales peligrosos”, indica el documento oficial firmado por Moody.
Es un secreto a voces que Moody no está actuando solo a nombre del estado de Florida, sino que es una cruzada personal de DeSantis, quien tiene aspiraciones presidenciales, contra el presidente Biden.
DeSantis, antes de ser gobernador, fue congresista federal por el estado de Florida. Su retórica de mano dura con la inmigración lo hizo famoso, aunque al llegar a la gobernación moderó su discurso.
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