"La política de Estados Unidos con respecto a Venezuela se centra en garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes que devuelvan la prosperidad y la democracia al pueblo venezolano. Al servicio de este objetivo, Estados Unidos ha emprendido desde 2017 una serie de enérgicas medidas de política destinadas a presionar al antiguo régimen de Maduro y apoyar a los actores democráticos", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.
Es que el Gobierno de Donald Trump es el principal apoyo para la oposición venezolana que exige apertura democrática. De hecho, ha sido el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Desde enero, el apoyo regional organizado por Washington total asciende a más de 256 millones de dólares, incluidos más de 213 millones de dólares en respuesta humanitaria, 43 millones de dólares en asistencia económica y para el desarrollo. Y el 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos, además, está listo para proporcionar 20 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria inicial al pueblo venezolano.
Solo en este año, Estados Unidos ha revocado 718 visas a venezolanos del régimen, incluyendo 107 ex diplomáticos. Y, además, a lo largo de los últimos años impuso sanciones para cercar al régimen chavista, una herramienta que se ha vuelto eficaz para bloquear el dinero sucio de los miembros de la dictadura:
La resolución E.O. 13692, de marzo de 2015, está dirigida a aquellos que "se dedican a socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o de reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno, y designaciones "basadas en el estatus" de ser funcionarios o ex funcionarios del gobierno venezolano". Desde 2017 se han llevado a cabo 80 acciones (73 personas, 6 entidades, 1 aeronave identificada).
En agosto de 2017, EEUU impuso sanciones que niegan al régimen la financiación y protegen al sistema financiero estadounidense de la complicidad en la corrupción. Y en mayo de 2018 se ampliaron estas medidas para negar a los funcionarios del régimen la posibilidad de vender bienes públicos a expensas del pueblo venezolano.
Además, se prohibieron las transacciones de personas estadounidenses en monedas digitales o emitidas en nombre del régimen de Maduro, incluyendo el Petro, y se agregó en al lista negra a 7 funcionarios, 30 entidades , una aeronave y 44 buques que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro "saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos".
El gobierno de Trump también lideró la ofensiva internacional para luchar contra el régimen. Desde la OEA se desconoció la última elección de Maduro por fraudulenta; se respaldó a Guaidó y a su representante Gustavo Tarre, en una maniobra que desplazó a los embajadores del chavismo; y se aprobó el envió de ayuda humanitaria.
Desde 2017, Estados Unidos ha convocado cuatro reuniones para abordar en la ONU la crisis en Venezuela, incluyendo dos reuniones de emergencia en 2019. De hecho, Estados Unidos presentó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela el 28 de febrero, que Rusia y China vetaron. Y el 10 de abril, el vicepresidente Pence pronunció un discurso en una Sesión Especial del Consejo de Seguridad de la ONU en el que pidió acciones contra la dictadura.
Desde el Grupo de Lima, el grupo de 14 países que se formó en agosto de 2017 para encontrar una solución pacífica a la crisis y dirigir los esfuerzos regionales, emitieron una declaración de 17 puntos el 4 de febrero de 2019 en la que declaran que Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú "reiteran su reconocimiento y apoyo a Juan Guaidó" como presidente interino de Venezuela. El grupo también se reunió en Chile el 15 de abril y emitió una declaración de 17 puntos pidiendo apoyo a la ONU, la CPI y otras organizaciones internacionales; rechazando la intervención militar; e instando a la unidad de proceso entre los socios que trabajan para apoyar a Venezuela.
Con el apoyo de Estados Unidos, la Asamblea de Gobernadores del BID aprobó una resolución que reconoce al representante de Juan Guaidó, Ricardo Hausmann, el 15 de marzo de 2019.
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