Las autoridades de la ciudad de Tucson, en Arizona (EE.UU.), aprobaron este miércoles una resolución en la que dan su apoyo a Nogales, en el extremo sur del estado, que a principios de mes pidió se retire una alambrada de púas colocada por el Ejercito en la valla fronteriza con México.
Los comisionados de esta ciudad aprobaron la resolución de manera unánime durante una sesión en la que también reafirmaron su postura de no hacer ningún tipo de negocio con compañías que participen en la construcción del muro fronterizo.
"En la frontera no existe ningún tipo de emergencia que justifique la orden del presidente Trump para construir el muro fronterizo con México", dijo a Efe Regina Romero, regidora de Tucson.
A principios de este mes, las autoridades de Nogales exigieron al Gobierno federal que se retire una alambrada de púas, ya que la consideran como un peligro para sus mismos residentes.
"El alambre en el muro fronterizo es una imagen repulsiva, que afecta nuestras relaciones comerciales con nuestros vecinos del sur, nuestros socios comerciales", enfatizó Romero.
Los comisionados de Tucson ratificaron una resolución aprobada en 2017 en la que rechazaban la construcción del muro fronterizo y desde entonces la ciudad ha rechazado hacer negocios con cualquier compañía que participe o se beneficie económicamente de este proyecto.
Algo que hasta la fecha se ha cumplido, de acuerdo a un informe presentado hoy en el concilio.
El comisionado dijo durante la reunión que la verdadera emergencia es de tipo humanitario, refiriéndose a las docenas de familias de inmigrantes que están llegando a esta ciudad buscando refugio en el albergue del Monasterio Benedectino.
"Estos inmigrantes son liberados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras se procesa su petición de asilo, son personas que escapan para salvar sus vidas, mujeres que han sido violadas", resaltó Kozachik.
La semana pasada, el presidente Trump firmó una declaración de emergencia para así obtener fondos hacia la construcción de un muro en la frontera sur, una medida que ya ha sido demandada por una coalición de 16 fiscales generales.
Con información de EFEUSA
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