El gobernador de California, Jerry Brown, firmó una ley que restringe la expansión de cárceles privadas destinadas a recluir a inmigrantes indocumentados y ofrece más transparencia en la información sobre los detenidos.
La medida SB 29, o "Ley de Dignidad No Detención" como también se le conoce, prohíbe que las ciudades y los condados realicen nuevos contratos para centros de detención de inmigrantes con entidades privadas e impide renovar acuerdos que estén vigentes al momento de entrar en vigor la ley, en enero de 2018.
La nueva ley, que hace de California un "estado santuario", también incluye específicamente a aquellos centros donde están detenidas personas que no son ciudadanos como sujetos a la Ley de Registros Públicos de California, que obliga a las autoridades estatales a tener su información disponible al público.
"Gracias gobernador por bloquear el crecimiento de la detención" de indocumentados, expresó en su cuenta de Twitter el legislador Ricardo Lara, representante demócrata de California y proponente de la ley.
"Con la SB 29 ahora (el Centro de Detención de Adelanto) estará abierto a la supervisión pública", señaló Lara en referencia a una reciente visita que un medio de comunicación realizó a ese centro, que ha recibido señalamientos por abusos a los presos.
"Después de Texas, California tiene el mayor número de inmigrantes detenidos que cualquier otro estado en los Estados Unidos", argumentó en defensa de la medida la organización Vigilancia los Derechos Humanos.
Un análisis del Instituto de Política Pública de California (PPIC) calculó que en 2014 en California vivían entre 2,35 millones y 2,6 millones de inmigrantes indocumentados.
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