Líderes urbanos estadounidenses utilizan su poder para luchar contra las nuevas políticas migratorias que intentan implementar las autoridades federales en las llamadas ciudades "santuario", o comunidades que se rehúsan a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Luego de una sesión informativa el lunes donde el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, amenazó a ciertos estados con bloquear su acceso a parte de los USD 4.100 millones disponibles como fondos federales de no adherirse a las nuevas leyes migratorias, los líderes de importantes ciudades como Nueva York, San Francisco, Seattle, Denver, Chicago y Filadelfia prometieron continuar su lucha contra la campaña de Trump a pesar de los riesgos financieros.
"Vamos a convertirnos en la peor pesadilla de este gobierno", dijo Melissa Mark-Viverito, portavoz del consejo de la ciudad de Nueva York. Junto a otros funcionarios municipales de distintos estados, representantes de la ciudad de Nueva York prometieron seguir bloqueando la cooperación entre su policía local y las autoridades de inmigración federales.
Las policías locales tienen la jurisdicción, por ejemplo, para evitar que agentes de ICE accedan a escuelas o registros dentro de su territorio. Además, pronunciaron como uno de sus objetivos supervisar e investigar las prácticas migratorias federales, que con frecuencia detienen a inmigrantes sin haber cometido ningún delito.
Según Sessions, las medidas tomadas por ciertos funcionarios "ponen en peligro la vida de todos los estadounidenses" y violan la ley federal, en particular una sección que permite compartir información con funcionarios de inmigración cuando tienen a un inmigrante ilegal en custodia aunque este no haya sido condenado.
Lourdes Rosado, que dirige la oficina de derechos civiles de la fiscalía de Nueva York, argumenta lo contrario: "Sessions hace que parezca que estamos incumpliendo la ley. Pero el asunto es que cooperar o no hacerlo es voluntario", dijo.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, desafió directamente dicha ley: "El Departamento de Policía de Los Ángeles jamás ha participado en programas que obligan a la policía local a actuar como representantes de agentes de inmigración, y bajo mi supervisión, jamás lo harán", afirmó.
De no resolverse el conflicto, ambos lados han insinuado llevar el caso a las cortes.
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