Dragado en el río Magdalena dejó grave daño ambiental: la actividad ilícita producía $30 millones diarios

En el río Magdalena las autoridades detectaron una actividad de extracción ilegal de grava y arena, en la modalidad de dragado, luego de tener conocimiento de esta situación y en diligencias de registro y allanamiento realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca; la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional se logró la captura de tres personas que se encontraban en el sitio.

Esta actividad ilegal estaría generando un grave daño ambiental en zona rural de los municipios de Nariño y Girardot, pertenecientes al departamento de Cundinamarca.

“Peritos especializados del CTI identificaron que en la zona protegida por las autoridades ambientales; desde el 2013, se está presentando la pérdida acelerada de capa vegetal, y se estaría afectando en el suelo y el subsuelo e incluso al río. Asimismo, las valoraciones pusieron en evidencia el uso de maquinaria pesada que estaría arrasando con microrganismos únicos de la región y los ecosistemas; acciones que se estarían adelantado sin licencia ambiental, ni permisos legales”, explicó el director de Fiscalías de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva.

Y agregó que: “la evidencia física recaudada por la Fiscalía evidenció que el material de arrastre obtenido, al parecer, era comercializado en distintos puntos del departamento y habría generado ganancias cercanas a los 30 millones de pesos diarios para quienes cometían el ilícito”.

El director de Fiscalías además reveló que en el operativo fueron capturadas tres personas en situación de flagrancia y se logró la incautación de una retroexcavadora, una volqueta y un cargador frontal.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Seccional de Cundinamarca imputó a los detenidos el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Un juez con función de control de garantías avaló los procedimientos de capturas e incautaciones.

En medio de otros operativos contra los delitos ambientales, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 12 presuntos integrantes de una red delictiva señala de deforestar algo más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, obtener madera de especies protegidas y comercializarla.

Dos de los procesados son funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y uno más es contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

“Estas personas, al parecer, usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad”, relató la Fiscalía General de la Nación.

El grupo delincuencial, presuntamente, compraba o se apropiaba de manera irregular de bosques, talaba árboles indiscriminadamente y trasladaba la madera a distintos puntos de acopio, donde se coordinaba la venta y distribución.

En las labores investigativas, de acuerdo con la información brindada por la Fiscalía General de la Nación, se constató que la actividad ilícita afectó áreas protegidas en Tunja, Pesca y Combita (Boyacá); y en Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas 12 personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer.

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