Defensoría advierte riesgo para comunidades indígenas de la Amazonía por las disidencias de las Farc

La Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo que viven las comunidades indígenas de la Amazonía por las actividades violentas financiadas por el narcotráfico. A través de la Alerta Temprana 024-2022 se detalló cómo las disidencias de las Farc buscan a menores de edad para ser reclutados.

“Uno de los principales riesgos que denunciamos a través de la Alerta Temprana 024-2022, es que las disidencias de las Farc buscan a niños, niñas y adolescentes, incluso indígenas en Mitú y Carurú para ser reclutados”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su visita al departamento de Vaupés. Esos grupos residuales de la extinta guerrilla obligarían a los menores de edad “a informar sobre los movimientos de la fuerza pública y para integrar sus redes de narcotráfico”.

De acuerdo con la entidad, el frente primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc es el que está instrumentalizando a los menores para conocer también “las rutas de movilidad, identificar la capacidad armada y los tiempos de permanencia en determinados sitios o zona”. Asimismo, los vinculan para realizar “actividades de la cadena cocainera, en particular para el tráfico” e incluso mujeres, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia sexual.

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El líder del organismo de control afirmó que la situación de riesgo de los menores se suma al confinamiento y las amenazas que sufren. “Afecta a por lo menos 59 comunidades indígenas y a los habitantes de ocho barrios en la capital de Vaupés”, agregó.

Las acciones de las disidencias de las Farc

Según la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc buscan el control de la explotación ilegal de los recursos naturales (minería) y en el proceso comenten los delitos en territorios ancestrales. “Los pueblos indígenas deben enfrentar la situación con mayor preocupación”, puntualizó la entidad en un comunicado de prensa, teniendo en cuenta los intereses crecientes en los recursos mineros y cocaleros, junto con los corredores de movilidad y tráfico de narcóticos.

En esos caminos estratégicos también hay un riesgo extremo sobre las comunidades que están asentadas allí. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó que los menores de edad de esas poblaciones tienen una mayor probabilidad de ser vinculados forzosamente a las filas del grupo armado al margen de la ley.

“Las disidencias de las Farc están imponiendo férreos controles sobre la población residente, la cual se ve afectada en sus actividades cotidianas y comerciales”, explicó Carlos Camargo. Las poblaciones más afectadas son precisamente aquellos que residen en el área rural de los municipios de Mitú y Carurú, pues sufren las acciones de control que restringen su libre movilidad, actividades como la pesca y la caza, y la comunicación entre territorios.

Las presiones también quedaron evidenciadas en las vías fluviales del río Vaupés, “donde exigen el pago de extorsiones a los transportadores de mercancías”, precisó la Defensoría.

Por esa razón, Camargo le solicitó a las autoridades tomar acciones para proteger a las comunidades indígenas: “Urge implementar acciones que pueden reducir el grado de vulnerabilidad de las comunidades y grupos étnicos expuestos ante el avance de los avatares violentos del conflicto armado”. Asimismo, habló sobre la importancia de garantizar los derechos de los excombatientes de las Farc que tienen amenazas en contra de su vida y sus familias:

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