Tres demandas buscan restituir tierras de resguardos indígenas de Córdoba y Antioquia

Las comunidades indígenas emberá katío del Alto Sinú (Tierralta), emberá katío jaidezavi (Tarazá) y el consejo comunitario Bocas de Caná (Zaragoza) interpusieron tres demandas que buscan restituir tierras de los resguardos indígenas que se encuentran ubicados en los departamentos de Córdoba y Antioquia.

Antes de presentar las demandas, las comunidades indígenas realizaron asambleas comunitarias con las personas de las poblaciones étnicas en las que se dieron a conocer las pretensiones que se plantearon en el acto judicial.

Los pueblos indígenas, a través de la Unidad para las Víctimas, pretenden que se les restituya 123.909 hectáreas y 267 metros cuadrados en Tierralta, Córdoba. Con esto, según expresan las autoridades indígenas, se pretende beneficiar a 3.784 personas y 770 familias del resguardo indígena emberá katío del Alto Sinú.

En el segundo caso, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en el municipio de Tarazá, se pretende una restitución de 4.640 hectáreas. El resguardo emberá katío jaidezavi pretende beneficiar a 60 personas pertenecientes a 12 familias.

Por último, en la tercera tutela, el consejo comunitario de Bocas de Caná del municipio de Zaragoza (Antioquia) espera el restablecimiento de los derechos territoriales de 2.027 hectáreas y 8.565 metros cuadrados. De ganar la tutela, se beneficiarían 47 familias conformadas por 205 personas.

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Dina Luz Montalvo, directora territorial en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño de la Unidad para las Víctimas, se refirió a las demandas presentadas por las comunidades étnicas.

Estas comunidades indígenas han sido golpeadas históricamente por los efectos del conflicto armado en Colombia. Sus territorios son zonas de especial interés por parte de los grupos ilegales por su importancia estratégica y su condición ideal para adelantar delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Tierralta después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de la Farc “se produjo el agrupamiento de los combatientes de las FARC (Frentes 5°, 18 y 58) en el Punto Transitorio de Normalización de la vereda Gallo, donde se encuentran con el fin de garantizar que no se realicen actividades hostiles o armadas, de un lado hasta la dejación total de armas”.

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En la alerta temprana emitida por la entidad del Ministerio Público se hace énfasis que desde 2017 “comienza un proceso de expansión y copamiento territorial de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), hacia las áreas abandonadas por los diferentes frentes de las Farc, con el fin de monopolizar las actividades criminales y las economías ilícitas”.

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, desde 1985 han sido expulsadas de Tierralta 97.208 personas y han retornado con acompañamiento institucional 38.802.

Por su parte, un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de junio de 2021 establece que el desplazamiento forzado en esta zona de Colombia:

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