La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la existencia de un cartel del PAE, Programa de Alimentación Escolar, que ha sido duramente cuestionado en distintas ocasiones por el mal servicio que prestan algunos operadores en distintas zonas del país y la corrupción que lo ha permeado.
De acuerdo con lo establecido por la entidad encargada de la vigilancia, varias empresas habrían hecho acuerdos fuera de la ley para garantizar beneficios propios, quebrantando la libre competencia.
Tras establecer a los involucrados en la cartelización, la Super Intendencia de Industria y Comercio estableció sanciones económicas superiores a los 28 mil millones de pesos, contra los involucrados en este caso de corrupción.
La entidad estableció que al menos nueves empresas y 16 personas naturales, conformaron el cartel del PAE entre el 2007 y el 2017.
Así mismo, sancionó a la Asociación colombiana de empresas proveedoras de alimentos (Asoproval), por haber desarrollado y ejecutado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en relación con los procesos de selección contractual del Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá.
El acuerdo ilegal que hicieron las empresas
La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que las empresas Aerodelicias, Servicial, La Campiña, Catalinsa, Diseral, Ibeaser, Liber, Spress y Surcolombiana, acordaron eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del Preb.
Lo anterior quiere decir que las empresas decidieron dividirse las adjudicaciones por las zonas en las que se distribuyó la ciudad para ejecutar el programa.
“En efecto, solamente en el 38,52% de las zonas se presentó más de una propuesta que implicaba un ejercicio de competencia por el mercado. Este porcentaje decreció al 25% al tenerse en cuenta exclusivamente la concurrencia de propuestas que fueron habilitadas para competir en cada zona. Esto significó que en el 75% de las zonas a adjudicar no existiera pluralidad de oferentes”, estableció la entidad.
Así mismo, la Superintendencia aseguró que las empresas asociadas a Asoproval se opusieron a una modificación en el modelo de contratación, que realizaría el Distrito para garantizar la competitividad en los procesos contractuales.
Las nueve empresas involucradas en esta actividad ilegal, fueron señaladas y sancionadas por la Superintendencia, por incurrir en colusión en procesos de contratación pública.
Por su parte, Asoproval fue sancionada por haber desarrollado y ejecutado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en relación con los procesos de selección contractual del Preb, en virtud del acuerdo fraguado por sus afiliados.
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