JEP aplaza versión del mayor general (r) Luis Felipe Montoya sobre ‘falsos positivos’ en Nariño

En la mañana de este lunes se esperaba que el general retirado del Ejército, Luis Felipe Montoya, rindiera versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 002. Este, investiga la grave situación de violaciones a los derechos humanos al Derecho Internacional Humanitario DIH) contra comunidades indígenas, negras, mujeres, personas LGBTIQ+ y campesinos en Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, municipios ubicados en Nariño.

En la audiencia, el exmilitar iba a hablar sobre la presunta ejecución extrajudicial de miembros de la comunidad indígena Awá. Sin embargo, no pudo realizarse por petición del mismo Montoya, que alegó estar en la búsqueda de un abogado defensor.

Así lo manifestó el tribunal de Paz a través de su cuenta de Twitter, donde publicó: “La magistratura reprogramará esta diligencia garantizando su derecho a la defensa”. Vale mencionar que luego de varias pesquisas encabezadas por este mecanismo de justicia transicional, se encontró que el mayor general (r) estaría relacionado con los asesinatos de los indígenas que, posteriormente, fueron presentados como bajas en combate.

Dichos integrantes Awá fueron mostrados como integrantes de la Columna Mariscal Sucre de la extinta guerrilla de las Farc, que operaba en los municipios Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Además, la JEP encontró que a partir de 2006 se presentó un incremento de casos de desplazamiento forzado y confinamientos de la población civil por los constantes enfrentamientos entre grupos estatales y movimientos subversivos en esa región.

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Cabe mencionar que hace pocos días la Sala de Instrucción de este tribunal había citado a Montoya para rendir su versión sobre este hecho, que desde 2018 se estaba investigando, y en el que halló que las principales víctimas fueron las comunidades indígenas de los tres municipios que abarcan el caso 02.

Para este caso, el ministerio público determinó que, desde el Batallón de Ciberinteligencia, se habrían realizado trabajos para un funcionario de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz acreditan a 05.241 víctimas en el macrocaso que prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan, sobre todo, a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de estos tres municipios nariñenses.

No está de más evocar que, hace un mes, 10 máximos responsables de la fuerza pública, entre ellos un general y 4 coroneles, además de un tercero civil señalado como reclutador, reconocieron de manera pública y ante las víctimas su participación en la ejecución ilegítima de civiles presentados como bajas en combate, un episodio conocido como ‘falsos positivos’.

Ante esto, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes manifestó: “La justicia determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado fueron el resultado de una política institucional que estableció el cuerpo del enemigo caído en combate como el indicador principal del éxito del esfuerzo militar”.

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