Militares acusados de ejecuciones extrajudiciales fueron aceptados en la Jurisdicción Especial para la Paz

Fue aceptado el sometimiento de tres soldados y el Capitán del Ejército Nacional Carlos Vanegas adscritos al Batallón 36 de Infantería en el 2006. Tendrán que aclarar los hechos referente a dos ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, sucedidos en ese mismo año en el departamento de Caquetá.

Los uniformados serían los responsables del asesinato de Marco Muñoz y Fredy Rivera, quienes fueron ejecutados el 10 de diciembre del 2006 en la vereda Puerto Rico de San Vicente del Caguán. Según indica el informe de la Sala de Definición de la JEP, Muñoz habría sido bajado de un taxi para ser retenido junto a Rivera siendo señalados como guerrilleros y posteriormente siendo ejecutados.

El documento resaltó esto como una violación a los DIH: “...conducta que se enmarca dentro de una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario por homicidio en persona protegida”.

Los soldados junto al capitán tendrán quince días para entregar su plan de aporte a la verdad para así mostrar “su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, a la reparación integral y a la no repetición”.

Sí llegasen a incumplir los beneficios dados por las jurisdicción especial serán perdidos, de igual manera la JEP solicitará “las circunstancias de modo, tiempo y lugar como operaba dicho Grupo para la comisión de este tipo de actuaciones y qué tipo de beneficios, recompensas o incentivos recibirán por ello”, dentro del Batallón 36 de Infantería.

“Un falso positivo es la violación de derechos humanos más atroz”: Íngrid Betancourt se refirió a la operación del Ejército en el Putumayo

El 28 de marzo del 2022, el Ejército Nacional reveló que en un operativo militar realizado en la vereda Alto Remanso, en el municipio de Puerto Lequizamo en el Putumayo, resultó en la baja de 11 personas quienes, de acuerdo con las autoridades, eran miembros de las disidencias de las FARC. Con el pasar de las semanas las investigaciones y testimonios revelaron que se podría tratar de ejecuciones extrajudiciales. os fallecidos eran civiles.

Entre las 11 personas fallecidas se encuentran varios civiles como un menor de edad, una mujer en estado de embarazo, un gobernador indígena y el presidente de la Junta de Acción Comunal. Los testimonios que han sido revelados a lo largo de estos últimos días, evidenciaron que en el lugar del enfrentamiento se habría cometido una masacre realizada por el Ejército Nacional y que contaría con una posible manipulación en la escena de los hechos y los cuerpos de las personas.

Esta situación puso en la mira a los oficiales y causó una enorme polémica entre las personas en las redes sociales. Los candidatos presidenciales también se manifestaron tras lo sucedido y los resultados de las investigaciones. La candidata del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt condenó los hechos y afirmó que los militares que estuvieron involucrados en los hechos deben responder, pero no todo el Ejército Nacional debe ser cuestionado como institución.

“Lo que pasó en el Putumayo es inaudito y desgraciadamente demasiado común en Colombia”, afirmó la candidata presidencial, Íngrid Betancourt, en declaraciones publicadas en Semana. También señaló que, “esto es muy grave, porque suponiendo que hubieran querido encontrar a delincuentes, tenían toda la posibilidad frente a una población inerme de verificar las identidades de cada uno de los que estaban ahí presentes. No tenían ninguna excusa, no hay ninguna justificación para esa cacería, matando a las personas de lejos y escondidas”.

La candidata presidencial destacó la importancia de la inteligencia civil y destacó que, “Estos sucesos no pueden seguir siendo el pan de cada día en Colombia. Nosotros estamos hablando de que sí necesitamos fuerza pública, esa fuerza pública tiene que estar coordinando con inteligencia militar, pero también con inteligencia de la población, inteligencia civil”.

En sus redes sociales, la candidata del partido Verde Oxígeno, también se refirió a esta situación y condenó lo sucedido. “Un falso positivo es la violación de derechos humanos más atroz de la historia reciente. No puede haber impunidad. El gobierno tiene que hacer lo necesario para esclarecer. El Estado tiene que protegernos para recuperar la confianza y permitir la reconciliación”.

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