Funcionarios de la Contraloría y la Defensoría verificaron las condiciones de reclusión de Carlos Mattos y Emilio Tapia

Funcionarios de la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo visitaron este 22 de febrero la cárcel La Picota en Bogotá para verificar que en las instalaciones existan condiciones dignas para los reclusos. En particular, se analizó cómo viven Carlos Mattos y Emilio Tapia, pues sus respectivos abogados han denunciado la precarias situaciones que enfrentan.

Una vez concluida la visita, los funcionarios estatales dieron la razón a los abogados al informar que, en efecto, en La Picota hay fallas que afectan la higiene y la alimentación de los reclusos. Las autoridades aseguraron que ya ordenaron que se solucionen los problemas para así garantizar los derechos no solo de Mattos y Tapia, sino de todas las personas que conviven en la mencionada cárcel.

Cabe mencionar que contrario a las denuncias de la defensa de Tapia y Mattos, se había dicho que ambos reclusos tenían lujos e incluso, estaban remodelando sus celdas. Esta información fue desmentida por el contralor Montoya, quien aseguró no encontrar elementos irregulares.

Las autoridades aseguraron que continuarán vigilando las instalaciones de La Picota para detectar cualquier irregularidad a tiempo.

Hay que recordar que Emilio Tapia está recluido en La Picota desde el pasado 9 de octubre, cuando se le revocó una medida de casa por cárcel debido a que habría violado las condiciones del beneficio en repetidas oportunidades.

Tapia fue condenado en el caso del carrusel de contratación en Bogotá. Además, el año pasado también se vio involucrado en en el billonario contrato entre la Unión Temporal (UT) Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el que desaparecieron 70.000 millones de pesos destinados a conectar a internet a las áreas rurales del país.

En el caso de Mattos, el empresario llegó a La Picota el 17 de noviembre, cuando fue extraditado desde España, donde se encontraba desde 2018. La puja por lograr su extradición fue intensa, pero se logró el año pasado. Inicialmente fue aprobada en febrero, pero se retrasó en múltiples ocasiones, tanto por recursos interpuestos por la defensa del empresario, como por quebrantos de salud que él mismo estaba experimentando.

Ahora, aquí en Colombia, Mattos está siendo procesado por corrupción judicial, ya que es señalado de pagar cerca de 2.600 millones de pesos a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, entidad que presidía.

En la última semana se difundió un rumor que decía que Mattos y Tapia tenían una relación comercial. Incluso, se indicó que este último le pidió plata prestada al empresario para devolver los 70.000 millones de pesos que desaparecieron del anticipo del escándalo de Centros Poblados.

Esta información fue desmentida por Iván Cancino, abogado de Mattos, quien señaló que el empresario y el contratista sólo tienen una relación de apoyo humanitario porque están recluidos en el mismo lugar.

“Más allá de eso no existe de parte del señor Emilio Tapia ninguna función de asesoría o consejo, que involucre temas económicos, personales o familiares de Carlos Mattos Barrero. Puedo afirmar que no hay en curso ninguna relación económica o de colaboración financiera entre los citados. Y, menos, ningún contacto entre el señor Emilio Tapia y el suscrito”, sostuvo Cancino en un comunicado.

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