Piden investigar al Juez que le prohibió al presidente Iván Duque implementar la modificación a la ley de garantías

El 10 de noviembre se dio a conocer que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó al presidente Iván Duque y a los representantes legales del Gobierno a abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada a la ley de garantías. La noticia no fue bien recibida por los sectores que apoyaron de forma irrefutable la polémica decisión que para muchos atentaría con las garantías electores, por lo que el representante Edward Rodríguez del partido de gobierno pedirá a la comisión Nacional de Disciplina Judicial indagar la actuación de la jueza Edna Paola Rodríguez.

En el fallo, la jueza determinó que se violaron los derechos al debido proceso y a la igualdad en el trámite legislativo que modificó la ley de garantías, “el cual fue objeto de votación en Senado y Cámara por desconocer el principio de objeto de reserva y afectar de manera grave los principios de imparcialidad e igualdad electoral”.

Sin embargo, la restricción solo estaría vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelantará el señor Miguel Ángel Bravo Gutiérrez (demandante), explicó el juzgado.

De acuerdo con el senador la decisión de la jueza es inconstitucional y pasa por encima de los estatutos de la separación de poderes y es inconstitucional.

“No sabía que un juez de la República pueda sustituir al Estado social de derecho, empezando por el Congreso, por el Ejecutivo y, por supuesto, por la Corte Constitucional. Por eso le he pedido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investigue y mire la sentencia de este juez porque en todo caso está contraria a derecho y a la propia Constitución y la Ley”, aseguró Rodríguez n un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Recordemos que el pasado 19 de octubre, con 54 votos a favor y 30 en contra, el Senado de Colombia aprobó el cuestionado y criticado artículo 125 del Presupuesto General de la Nación para 2022, presentado por el Gobierno nacional, a través del cual se modifica la Ley de garantías.

Esta polémica iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, busca dejar sin efecto la prohibición de los servidores públicos de celebrar convenios interadministrativos y de contratación directa a menos de cuatro meses de las elecciones en el país.

Durante el segundo debate del proyecto de ley, que busca asegurar el presupuesto para el próximo año por $350,3 millones y el cual contenía este y otros 163 artículos, se determinó que los convenios que se suscriban, los cuales se podrán realizar durante época electoral, tendrán un control especial por parte de la Contraloría General de la Nación.

Este artículo, que dividió a las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical para su votación, y el cual fue rechazado por diferentes sectores de opción y al que se unieron los empresarios del país y lo ciudadanos deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes para su aval.

“Qué se podía esperar de las mayorías de un Senado que jamás ha representado intereses del pueblo colombiano. Acaban de hacerle el quiebre a la Ley de garantías para que entidades del Estado puedan contratar en medio de elecciones. ¡Otro golpe al corazón de la democracia!”, aseveró el precandidato presidencial Camilo Romero.

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