
Estados Unidos, principal aliado de Colombia en el continente, lleva décadas apostándole al control del narcotráfico que encuentra origen en el país sudamericano. Sin embargo, por medio de un comunicado, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) anunció un cambio en la aproximación de la problemática, que ahora estará enfocada en la protección y desarrollo de las zonas rurales.
En sí, Estados Unidos, país liderado por el presidente Joe Biden, tendrá tres enfoques de cara a la lucha antidrogas. En primer lugar, pretende seguir reduciendo la oferta de las sustancias. De esta forma, tal como se viene ejerciendo, se destruirán laboratorios y, a su vez, se fortalecerán esfuerzos contra el lavado de activos y judicialización de los delincuentes.
Segundo, la ONDCP encuentra de suma importancia el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pactados en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC. Con esto, se busca mejorar la seguridad y el desarrollo en zonas rurales de Colombia, con esfuerzos adicionales en inversión y en facilitar el acceso a la justicia.
Lo anterior también busca proteger a los líderes sociales –quienes son objeto de amenazas y asesinatos en Colombia–, reducir la dependencia económica a la hoja de coca en ciertas zonas, ampliar la regulación de los títulos de propiedad de las tierras y formalizar el suelo para otras actividades productivas. Con esto, cambiaría también la forma en la que ambos países miden el éxito en materia de control de los territorios de siembra.
Tercero, Estados Unidos recalcó que esta lucha contra las drogas debe tener un enfoque de protección ambiental y las acciones nocivas que los delincuentes suelen realizar contra el ecosistema. Incluso, se menciona una restauración de selvas tropicales, eliminación de cultivos de coca y la férrea oposición a los “santuarios para los grupos armados ilegales”.
Estados Unidos tendrá un rol de apoyo y vigilancia frente a los delitos ambientales que se cometan en el marco de la lucha contra las drogas en las zonas rurales. Esto, por el hecho de que los narcotraficantes significan un impacto “profundamente negativo en el medio ambiente de Colombia y la región amazónica”.
“La estrategia reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental”, indicó Regina LaBelle, directora encargada de la ONDCP. Según recogió Europa Press, la funcionaria también recalcó que esto pretende disminuir la disponibilidad de las sustancias en ambos territorios, lo que además garantizaría la seguridad en zonas rurales de Colombia.
A pesar del replanteamiento, el comunicado de la autoridad no menciona una posición en contra o a favor de la aspersión de glifosato, sustancia potencialmente nociva y que también causa polémica en el Congreso del país norteamericano con respecto al caso de Colombia.
Antony Blinken, secretario de Estado, recalcó en su visita a Colombia que la meta es una reducción de la demanda de los estupefacientes que alimentan la actividad ilícita, pero no se refirió a la polémica de la sustancia que se encuentra suspendida en el país desde un fallo de la Corte Constitucional en 2015.
Según la misma autoridad, los cultivos de droga en Colombia presentaron una reducción en 2020, lo que los llevó a contar 143.000 hectáreas, una reducción de un 7% con respecto a 2019. El reporte cuenta que la erradicación del gobierno colombiano consistió en más de 130.000 hectáreas y una interceptación de más de 580 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína.
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