Denuncian posibles irregularidades en contrato de alimentación de presos

La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común denunció presuntas irregularidades en un contrato por más de $411.000 millones para la alimentación de reclusos en cárceles y estaciones de Policías

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Bogotá. Diciembre 11 de 2020. 1196 internas realizan actividades productivas como procesos de resocialización en las cárceles del país. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Bogotá. Diciembre 11 de 2020. 1196 internas realizan actividades productivas como procesos de resocialización en las cárceles del país. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común denunció posibles irregularidades en el proceso licitatorio por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec) frente a un contrato de alimentación a reclusos en el país.

Las presuntas irregularidades que se estarían presentando en este contrato por más de $411,000 millones para la alimentación de los reclusos en los centros penitenciarios del país, estaciones de Policía y Unidades Tácticas del Inpec, estarían siendo investigadas por parte de la Contraloría General de la Nación.

“No solo las denuncias han sido motivadas por nosotros veedores del actual público, también algunas expresiones de la población privada de la libertad a través de huelgas de hambre, llamadas y denuncias propias, permiten evidenciar el mal servicio y calidad de los alimentos en algunos centros penitenciarios y estaciones de Policía en el país”, señaló la Red Nacional de Veeduría en un documento.

En ese sentido, RCN Radio conoció que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, envió una petición de vigilancia preventiva de este proceso de selección licitación a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de investigar el proceso en el cual, según alertó la veeduría ciudadana, se estarían beneficiando algunos intereses particulares a través de los pliegos licitatorios.

A su vez, el medio radial pudo establecer que la cartera de Justicia solicitó información vinculada a este contrato a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Judicial, entidad encargada de fiscalizar a la Uspec.

“Estas denuncias han sido evidenciadas por la misma veedora ciudadana de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y hasta el momento, no solo en la próxima contratación del servicio de alimentos, sino en el desarrollo de los contratos actuales, no ha habido resultado alguno de las investigaciones al respecto, ni la imposición de multas y declaratoria de incumplimiento alguna con las altas fallas en sus ejecuciones”, denunció la Red de Veedurías.

El pasado 28 de marzo, el portal periodístico Pacifista dio a conocer el contenido de un informe del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario (Inpec), donde la misma entidad señalaba inconsistencias y fallas en la alimentación de los reclusos en Colombia.

De acuerdo con el portal, que tuvo acceso al documento, el cual fue firmado por Martha Isabel Gómez Mahecha, subdirectora de Atención en Salud de esa entidad, el 24 de febrero de este año, se evidenciaría que, “el 80 % de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima usada para la preparación de los alimentos”.

Así mismo, el Inpec, en esa oportunidad, puso la mira en 41 centros penitenciarios y carcelarios donde hubo hallazgos sobre mala calidad en alimentos y con los que son alimentados los reclusos.

Además, demostró el incumplimiento de los operadores a los documentos técnicos de la Bolsa Mercantil de Colombia, sistema encargado de los contratos de las empresas.

“No se cumple con las características organolépticas de los alimentos suministrados”, se puede leer en el documento sobre la situación de La Picota en Bogotá. Esto traduce que la comida no es agradable a los sentidos y además, no cumple con los gramajes mínimos establecidos por la ley.

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