Corte rechaza la petición de Aníbal Gaviria de anular su proceso por presuntos actos de corrupción

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó este lunes 2 de agosto la nulidad del proceso penal que se realiza en contra del gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria, por los presuntas irregularidades en contratación, durante su primera gobernación durante 2004 y 2007.

La magistrada de la Corte, Blanca Nélida Barreto, señaló que no existe ninguna irregularidad en el sistema procesal que escogió la Fiscalía General de la Nación por llevarlo a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros, por la obra de la Troncal Paz suscrita en 2005, ya que con esa decisión no se le violó ninguna garantía.

Por otro lado, la Corte decretó varias de las pruebas solicitadas por la defensa de Gaviria para el juicio, sin embargo, le negó algunas otras.

Según expuso la Fiscalía en su acusación, Gaviria es investigado por presuntas irregularidades durante la contratación para el mejoramiento y la pavimentación de la Troncal La Paz (tramo La Cruzada - Caucasia), por un valor que supera los $40 mil millones de pesos, en el cual se había pactado inicialmente un anticipo del 25% para después ampliarse al 29%.

De acuerdo con el expediente, además, el anticipo de $10.300 millones de pesos entregado al Consorcio Troncal de la Paz habría sido aprobado sin una garantía contractual para la destinación correcta de los recursos, por lo que el contratista habría invertido el monto en gastos particulares como la compra de maquinaria y equipos, y no para la ejecución del contrato.

La investigación así mismo indicó que el contrato inicial tuvo dos adiciones, una de ellas por $41 mil millones de pesos, y la otra por $16 mil millones de pesos cuatro días antes de que el gobernador finalizara su periodo, para la construcción de una vía en El Bagre, Antioquia. “Sin la debida planeación y justificación, tratándose de obras nuevas que no se relacionaban con la original y requerían un proceso independiente, obviando la selección que ello demandaba.”

Al respecto, Gaviria, a través de un comunicado, aclaró que los cargos por los que es investigado por la Fiscalía sería supuestos errores en principio de contratación pública, y no vinculados por irregularidades en contratos.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la nulidad del proceso penal de Gaviria, la delegada de la Procuraduría, Marta Luz Reyes, por su parte, apeló lo determinado por la magistrada Barreto señalando que el gobernador suspendido debió ser investigado bajo la ley 906 de 2004, la cual introdujo el sistema penal acusatorio.

A través de su cuenta de Twitter, Gaviria también informó y mostró su apoyo a la decisión de la Procuraduría de “reclamar anular el proceso” que se adelanta en su contra.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Aníbal Gaviria lleva suspendido 9 de los 20 meses de su mandato como gobernador de Antioquia.

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