
El pasado jueves, el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa declaró que el ente acusador ejercería la extinción de dominio contra los vehículos transportadores que estuvieran bloqueando las vías públicas. Sin embargo quedaron algunas dudas de cómo se adelantaría el proceso tras la entrevista con Semana.
La vicefiscal Martha Mancera explicó que la extinción de dominio está amparada por la Constitución y que se podría aplicar si se denuncia que esos bloqueos se realizan con actos ilícitos. “El derecho a reunirse pública y pacíficamente es una garantía que tienen todos los colombianos. Lo que está prohibido es que, por cualquier medio ilícito, se comprometan la salud, el alimento y todos los derechos fundamentales”, explicó a W Radio. Agregó que sería necesario revisar cuáles son los casos de abuso de autoridades que se están dando para proceder a imputar cargos.
Juan Camilo Sanclemente, director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes y especialista en Derecho Internacional afirmó a Infobae que se trata de un acto amenazante contra los manifestantes y que no es coherente constitucionalmente.
El abogado especificó que “si lo que el fiscal pretende es realizar extinción de dominio por los bloqueos, entonces que inicie con la solicitud de las latas, llantas y árboles que han sido usados para los bloqueos”.
Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia indicó que no es viable llevar a cabo la extinción de dominio en este caso porque el bloqueo está autorizado por la Constitución Política, amparado en el derecho a la protesta social.
También explicó que el fiscal general no es quien practica la extinción de dominio sino que lo determina un juez especializado, “eso de ‘me voy a quedar’ [con los camiones] no depende del fiscal”, expresó Bernate.
Barbosa argumenta que para aplicarla se basaría en el numeral 5 del artículo 16 de la Ley 1708 que dice literalmente que una de las causales para declarar extinción de dominio es que los objetos hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas, aseguró en El Tiempo.
Frente a las manifestaciones de los últimos días, el alto funcionario judicial comentó que una cosa es la protesta pacífica y otra los hechos de terrorismo y bloqueo de vías. “Crear miedo no es un derecho fundamental, eso hace parte del terrorismo, y los responsables tendrán que responder por ese delito”, aseveró en la entrevista.
“No es normal que le bloqueen las vías de acceso a la ciudad, no es normal que le generen un pánico económico, no es normal que le obstruyan de forma lógica y ordenada los diferentes puntos de la ciudad, que ataquen los peajes, que ataquen las estaciones de gasolina. Con las formulaciones de imputación y medidas de aseguramiento sabemos que detrás de eso están los Gaos (grupos armados residuales) y el ELN”, comentó Barbosa.
En El Espectador, el penalista Mauricio Pava agregó que es un despropósito lo que dice el fiscal. “Contradice la naturaleza de la extinción de dominio. Es un instrumento para las conductas más graves (...) verlo de otra manera es una lectura estrechad de las normas, es incumplir la promesa constitucional de los constituyentes del 91 que protege la protesta social”.
El 5 de mayo, Barbosa sostuvo una reunión con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que instalaron una mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, con el propósito de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones.
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