Otro excombatiente de las Farc fue asesinado en La Macarena, Meta

La información del asesinato de este excombatiente, lo dio a conocer en su cuenta de Twitter la senadora de Comunes, Judith Simanca, más conocida como ‘Victoria Sandino’, quien lamento el deceso del joven y afirmó que los hechos ocurrieron en la vereda La Cristalina de La Macarena, departamento del Meta.

De acuerdo con lo informado por el diario El Espectador, con la muerte de Fayber el país llegaría a la cifra de 266 exguerrilleros asesinados, tras la firma del Acuerdo de Paz.

Según versiones preliminares, hacia las seis de la tarde de este 14 de abril, el asesinato sucedió cuando el joven se desplazaba por la zona en su motocicleta de camino a la casa, de repente, en un punto del recorrido hombres armados atentaron contra su vida al ser abaleado.

Así mismo, el partido se pronunció en redes sociales y señaló: “Denunciamos que ayer en horas de la noche fue asesinado Fayber Camilo Cufiño Mondragón (Frank Moreno), exguerrillero de las FARC-EP, en la vereda La Cristalina, Macarena #Meta. Fayber era hijo de otro firmante de paz. Son 264 sueños de paz asesinados que nos duelen en el alma.”

Comunes, el renombrado partido surgido de la disolución de las FARC, ha denunciado desde los últimos años los asesinatos sistemático de los combatientes que se han sumado al proceso de paz ante la pasividad del Gobierno del presidente, Iván Duque, al que han acusado de connivencia con los grupos responsables de estos crímenes, paramilitares y también disidencias de la guerrilla.

Fayber Camilo Chabría Mondragón, pertenecía al ETCR Urías Rondón, ubicado en El Yarí en la Macarena (Meta). El mismo lugar donde hace más de cuatro años, del 13 al 19 de septiembre de 2016, se realizó la última conferencia de las extintas Farc, donde cerca de 1.500 guerrilleros dejaron las armas y se comprometieron con el Acuerdo de Paz, indicó el medio bogotano.

Tras la cifras de asesinatos de excombatientes en Colombia, las Naciones Unidas por medio de un informe en 2021, aseguraron que, “en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por ejemplo, los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la escasa presencia del Estado para ampliar sus operaciones, atacar a excombatientes y sabotear las iniciativas económicas, política y sociales de la zona”.

Asimismo, la organización indicó que, “garantizar la seguridad de los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto armado, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos deben ser la prioridad colombiana de este año”.

Naciones Unidas también ha denunciado la situación de estas personas, las cuales, en su gran mayoría, viven y trabajan en zonas rurales expuestas al crimen organizado y a la violencia de los grupos armados que se disputan los réditos y las rutas del narcotráficos abandonadas por las FARC con su disolución.

Por su parte, el Gobierno aseguró a inicios de este año que trabaja permanentemente en las condiciones de protección y seguridad de los firmantes de paz. El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila confirmó que el presupuesto adicional para requerimientos ya es de 150.000 millones de pesos.

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