Rodrigo Londoño denuncia reducción en su esquema de seguridad, UNP lo desmiente

A través de su cuenta de Twitter, el presidente del partido Comunes, antes partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), denunció que, en febrero del 2021, su esquema de seguridad iba a ser reducido a la mitad. Denunció que sentía que su vida, y la de otros firmantes de los acuerdos de paz, corría peligro, y que por decisiones administrativas de los entes encargados de su seguridad su bienestar estaría en un riesgo más alto como consecuencia de la reducción de su esquema.

De acuerdo con ‘Timo’, como se autodenomina él en su cuenta de Twitter, la Unidad de Protección Nacional (UNP), el Ministerio del Interior y el Alto Consejero para la Estabilización, no solo habían decidido quitarle parte de sus escoltas en febrero, sino que, además, el personal encargado de su seguridad solo podía atender a sus solicitudes por cortos periodos de tiempo, y no permanentemente, según sus necesidades como protegido.

“Con el agravante de que al personal que nos fue asignado para protegernos sólo se les autoriza estar en desplazamiento 6 días al mes. Este exabrupto nos expone a salir a trabajar por la paz de Colombia sin las garantías necesarias para nuestras vidas”, denunció Londoño.

Ante la denuncia hecha por el exintegrante de la desaparecida guerrilla de las FARC, Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad de Protección Nacional salió a desmentir la situación y a explicar que nunca se tenido bajo consideración la reducción de personal sobre la seguridad de Londoño, y que se ha mantenido, y se mantendrá igual, desde el día en que se la fue impuesto un personal para protegerlo.

La denuncia de Londoño se da cinco días después de que, el 22 de enero, la JEP (Justicia Especial para la Paz) le exigiera a la UNP cumplir con la cuota de 686 escoltas destinados para proteger a los excombatientes de las Farc que hoy se encuentran reintegrados a la vida civil. De acuerdo con su alegato, en septiembre del 2020, el Ministerio de Hacienda les giró los recursos para mitigar el riesgo de asesinato que sufren los desmovilizados.

“A la fecha la Sección no conoce la programación prevista para el nombramiento de los 686 agentes escoltas, ni cómo se planea y proyecta financiar su contratación, para cubrir con efectividad las necesidades del año 2021 demandadas por la población en riesgo, y su consiguiente sostenibilidad”, se leyó en la sentencia del ente creado mientras se negociaron los acuerdos de paz con el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

De acuerdo con Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 254 excombatientes, sin embargo, en una entrevista con la W Radio, un día después de las exigencias de la JEP a la UNP, Campo, aseguró que la entidad de la que es director le ha otorgado servicios de seguridad a “3.799 de las que 228 medidas son individuales y 42 esquemas colectivos, se está protegiendo la sede del partido y 1.189 hombres de protección”.

“Hoy, precisamente, ante los honorables magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz cumplimos entregando un informe detallado y profundo, además, contrastado por varios actores, veedurías continuas y los escrutinios de los datos en noviembre en lo que estuvieron presentes los mismos miembros de las FARC”, dijo Campo que, además, agregó que se han venido implementando nuevas medidas de protección como, ”el chaleco, medios de comunicación y apoyo de traslado, cursos de autoprotección y adecuación de viviendas”.

Según Campo, en su entrevista con La W, también hay que tener en cuenta que algunos de los exintegrantes de esa guerrilla no cumplen con los requisitos exigidos para que se les disponga un esquema de seguridad, el director señaló que, para el momento, “hasta la fecha, hemos contratado a 62 personas de más de 500 postuladas”.