
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, durante su más reciente visita al municipio de La Macarena, donde estuvo acompañado por los viceministros de Defensa y Ambiente, junto a las autoridades del Ejército Nacional, Cormacarena y Policía Nacional, dejó claro su “propósito de liderar y articular acciones en la lucha contra la deforestación y el ecocidio ambiental en el sur del departamento del Meta”.
“Esta es una guerra que no podemos perder. El Meta se convertirá en el departamento modelo en la lucha contra la deforestación en Colombia con la nueva hoja de ruta por 10 años que estableció el Gobierno nacional con el Conpes 4021, a través de la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques en diciembre del año 2020”, comentó el gobernador al final de la jornada, después de visitar La Macarena y ya de regreso en Villavicencio.
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El mandatario del departamento de la Región Orinoquia de Colombia, a su vez resaltó que, “se viene trabajando en articulación con los ministerios de Ambiente y Defensa, Cormacarena y la fuerza pública en los operativos que den capturas contra las personas que se dedican a la tala ilegal de madera, a la ganadería extensiva, la siembra de cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras, donde se han realizado más de 28 detenciones por estos delitos ambientales”.
También aseguró en el comunicado, dado a conocer por la Gobernación del Meta, que el departamento está comprometido con la lucha contra la deforestación, llevando a cabo acciones puntuales para combatir la problemática ambiental que hoy tiene al territorio con cerca de 24.288 hectáreas deforestadas, según informes entregados del reporte regional Alertas Tempranas, registrado en el primer trimestre de 2020.
“No vamos a perder la lucha contra la deforestación. Es nuestro compromiso con las nuevas generaciones. A través de procesos de restauración, contratos de uso y pagos por servicios ambientales seremos ejemplo a nivel nacional en defensa del bioma amazónico. El primer punto de restauración total serán 800 hectáreas deforestadas en Vista Hermosa”, comentó el gobernador.

Zuluaga a su vez informó que, se intensificaron los operativos para dar con la captura de las “nueve personas, identificadas por las autoridades, dentro del cartel de los más buscados por deforestación y por quienes se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por su captura o localización”.
El director de Cormacarena, Andrés Felipe García, también se pronunció ante la problemática, y recordó que “a mediados de febrero de 2021 se cumplirá un año de un grave incendio en inmediaciones de Caño Limón, en La Macarena, que acabó con 220 hectáreas de vegetación y que llegó a tan solo 200 metros de Caño Cristales, el río de siete colores”.
Un reportaje de la revista Semana señaló respecto a los incendios en la zona, que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le atribuyó los hechos a grupos armados ilegales, “como las disidencias de las FARC, para usos de bases aéreas y corredores viales que permitan desarrollar actividades criminales para sembrar coca, seguir matando, seguir acabando con el medioambiente y contaminar las fuentes de agua. Eso es lo que hace el narcotráfico”.
Según la información de la revista, “un campesino del sector le contó a María Jimena Duzán que prácticamente fueron engañados por el Gobierno nacional porque no les han cumplido con la sustitución de cultivos. Aseguró que si desean protestar, el Estado los acusa de ser guerrilleros”.
“Quien da fuerza a estas declaraciones es una fuente del diario El Espectador. Esta aseguró que es poco probable que quienes hayan iniciado el incendio sean disidencias, porque la vegetación es la que les ha servido de escondite. Añadió que en la región se vive un “desgobierno total” y que a quienes se deberían investigar son a los interesados en explotar los suelos del sector. ¿El incendio causado en La Macarena fue posible por desgobernanza en la zona?”, dice un aparte del reportaje publicado por la revista nacional.
Por su parte, el secretario de Ambiente del Meta, aseguró que están trabajando con aliados estratégicos. Según información de la Gobernación, “son los campesinos que viven en estas áreas protegidas, quienes serán los encargados de cuidar y velar por la protección de los bosques a través de la iniciativa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), donde reciben mensualmente un incentivo económico para resguardar la cobertura vegetal, y donde se han beneficiado más de 600 familias en el Meta por ser guardabosques”.
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