El paso a paso de la investigación sobre Hidroituango

Después de un año y medio de investigaciones, adelantadas por el equipo interdisiciplinario de la Procuraduría General de la Nación, conformado por auditores, ingenieros, abogados y analistas, se concluyó que las fallas del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango se presentaron desde su planeación y diseño hasta su ejecución. Los imputados son funcionarios y exgerentes de la empresa EPM, contratistas, exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellin quienes no actuaron en diligencia, pues decidieron continuar con las inversiones millonarias al proyecto pese a tener conocimiento de las fallas evidentes.

Las consecuencias de estas decisiones llevaron a que se incumpliera el objetivo principal del proyecto que buscaba generar energía ya contratada y acordada para 2018, lo que ocasionó un daño patrimonial por $1.1 billones. También, ocasionó el desmesurado aumento de los costos del proyecto que inicialmente estaban pactados en $6 billones, pero que, debido a las fallas, ascendieron a $13 billones, representando un daño fiscal de $2.9 billones por la perjudicación del valor del proyecto a junio de 2019. Asimismo, en 2018, la contingencia presentada en la hidroeléctrica amenazó con causar una calamidad pública en su área de influencia, lo que requirió invertir recursos en más obras para evitar la catástrofe.

Las fallas de Hidroituango, que conllevaron a las imputaciones judiciales efectuadas por la Contraloría, iniciaron en 2008, cuando el proyecto logró la preventa, en subasta, de casi tres millones de kilovatios hora/día desde el 1º de diciembre de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2030. Pero, un año después, quedaron en evidencia los problemas asociados a la planeación y las deficiencias admnistrativas, directivas y de control técnico y financiero del proyecto. Los contratistas tampoco fueron diligentes en el diseño y en la toma de acciones iniciales para frenar el avance de la problemática. Además, en este periodo, se inicia la construcción de las vías de acceso sin la aprobación de los diseños definitivos y se modifica la altura de la presa que ya había sido autorizada en la licencia ambiental.

En 2010 se realizaron ajustes a los contratos y se agregaron salvedades que planteaban exonerar a EPM de toda responsabilidad y modificar la distribución de riesgos en perjuicio de Hidroituango. También, pese a iniciar una subasta por más $2.000 millones para encontrar a una empresa que desarrollara el proyecto, se suscribió el contrato directo con EPM. En 2011 y 2012 se dio comienzo a la construcción de los túneles de desviación, pese a que aun no existían las vías necesarias de acceso al proyecto. En ese momento era necesario, señala la Contraloría, adoptar planes de continencia, aceleración o recuperación de tiempos que incrementarían los costos.

A pesar de los atrasos con los que ya contaba la hidroeléctrica, fueron adquiridos 9.540.821 kilovatios/día para el periodo del 1º de diciembre de 2021 al 31 de noviembre de 2038. Es aquí cuando la insuficiencia de equipos y la falta de adecuadas instalaciones industriales ocasionaron la suspensión de las actividades del contratista de los túneles. De 2013 a 2015, las fallas del proyecto impidieron la desviación del río Cauca, uno de sus principales objetivos. Por ello, resultó inviable que el proyecto entrara en operación en noviembre de 2018, fecha tentativa para su apertura.

Así, se modificó la estructura del proyecto que, en los contratos, se estipulaba como inalterable, para la construcción de obras como uno de los túneles de desviación que colapsó en 2018 por la falta de diseños técnicos y defectos en la construcción. En 2018 se aumentaron las inversiones debido a la contingencia ocurrida en el área circundante a la hidroeléctrica.

La intervención de la Contraloría se dio entre 2018 y 2019 gracias a una veeduría ciudadana. Concluida la indagación preliminar, se abrió el proceso de responsabilidad fiscal. Es así como el organismo de control señala que el daño total alcanza los $4.1 billones. Los imputados son el gerente de EPM, Feredico Restrepo; Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín; Ana Cristina Moreno, secretaria de planeación; Iván Mauricio Pérez, delegado de Sergio Fajardo en la junta directiva; Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango; Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, entre otros funcionarios.