
La defensa de Diego Cadena, abogado del ex presidente de la República de Colombia y ex senador del Partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, recibió una respuesta negativa frente a la solicitud que habían hecho de anular la detención de su cliente que, por el momento, se encuentra enfrentando una investigación por los delitos de soborno y fraude procesal.
La decisión fue tomada por el juez tercero penal del circuito de Bogotá, quien determinó que Diego Cadena debía seguir bajo medida de aseguramiento mientras se adelanta el proceso en su contra, también ratificó la situación de su socio, Juan José Salazar Cruz, que, a diferencia de cadena, permanecerá en libertad.
Cadena recibió la imputación de los cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación en las últimas semanas de julio de este año, cuando se determinó que el abogado debía quedar detenido inmediatamente porque representa un peligro para la sociedad y podría, si quisiera, obstruir la justicia. El juez que recibió el caso en segunda instancia aseguró que la medida tomada inicialmente era la correcta y, que por ende, la mantendría.
Según la investigación de la Fiscalía, por la cual en este momento Cadena se encuentra con problemas legales, el pasado 18 de julio de 2017, el abogado habría ido a la cárcel de Palmira, sin aviso previo, para hablar con Carlos Enrique Vélez, un ex paramilitar condenado a 20 años de cárcel por haber hecho parte de una masacre en Riosucio, Caldas.
La investigación indica que la visita de Cadena en la cárcel tenía como objetivo sobornar al ex paramilitar conocido con el alias de comandante Víctor. Se supo que, según declaró Vélez para una audiencia ante la investigación en contra de Álvaro Uribe por el delito de falsos testigos, ante la Corte Suprema de Justicia, que el abogado le habría prometido un pago de 200 millones de pesos, y beneficios en su pena carcelaria, para que dijera que el Senador Iván Cepeda lo había abordado en repetidas ocasiones para que hablara en contra del ex presidente Uribe.

La Fiscalía demostró que Vélez, en efecto, había recibido el pago de Cadena, pues encontraron 11 pagos que llegaban a la cifra prometida pero que habían sido consignados de manera distribuida a familiares y personas de confianza del ex paramilitar.
En la audiencia en la que se descubrió que Cadena estaba salpicado en el tema de manipulación de testigos, Carlos Enrique Vélez aseguró, “si quiere apostemos una platica, el sueldo suyo y el sueldo mío, aunque yo no tengo sueldo. Su señoría, hágale tranquilo, pero esté seguro, de parte mía, que Iván Cepeda conmigo nunca habló, ni entró ese día a la cárcel”.
Además de ese caso, las investigaciones evidencian que, en febrero de 2018, el abogado, que por ahora seguirá privado de la libertad en su hogar, también habría ido a visitar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para ofrecerle asesorías jurídicas para que lograra ser tenido en cuenta por la Jurisdicción Especial para la Paz, y así, recibir los beneficios que trae consigo ser juzgado por ese ente creado tras los acuerdos de paz de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC.
Respecto a lo que sucedió entre él y Monsalve, las investigaciones indican que, al igual que con alias Comandante Víctor, Cadena le ofreció beneficios judiciales sobre su cadena a Monsalve pero solo si el ex paramilitar declaraba que Iván Cepeda también lo había buscado a él para inducirlo en que hablara mal de Álvaro Uribe Vélez.
Ante el complot que se evidenció contra Iván Cepeda, el juez tercero de conocimiento de Bogotá reconoció al senador del Polo Democrático como víctima en el caso.
“Álvaro Uribe Vélez a través de su abogado Cadena para la búsqueda de testigos, tarea que se ha venido desarrollando durante varios meses el aquí imputado dentro de esos objetivos, fue la de obtener la retractación de uno de los testigos que señala al expresidente Uribe como responsable de promover el paramilitarismo; tenía la finalidad de desacreditar los testigos que hacían esos señalamientos, concretamente Juan Guillermo Monsalve para afectar a Iván Cepeda Castro”, aseguró el abogado Reinaldo Villalba, quien avaló la petición.
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