La Procuraduría General de la Nación le solicitó, este martes 24 de noviembre, al Gobierno de Iván Duque y a las autoridades departamentales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, devastado por el huracán Iota, establecer con urgencia un plan de acción para impedir que aumenten los casos de covid-19 debido a la coyuntura.
De igual manera, la Procuraduría les pidió a las autoridades que con este plan de acción se garantice el suministro de dispositivos e insumos médicos y medicamentos que, debido a la emergencia ocasionada por el desastre natural escasean en el archipiélago, así como una presencia constante de personal de la salud.
El Ministerio de Salud le indicó a la entidad que en la isla de Providencia, que tuvo una destrucción del total de la infraestructura y donde fallecieron dos personas luego del paso del huracán Iota, fueron diagnosticados 35 casos nuevos para covid-19 y se esperaban los resultados de las pruebas realizadas a los damnificados entre el 20 y el 22 de noviembre.
Estos damnificados, según indica la entidad, permanecen en tiendas de campaña que fueron instaladas provisionalmente en la isla para atender la urgencia o fueron trasladados a San Andrés, que no sufrió las mismas afectaciones.
“Esta situación obliga a que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades locales y EAPB, garantice la activación de la estrategia PRASS, active en forma inmediata los protocolos de tamizaje masivo y cerco epidemiológico a efectos de impedir el escalamiento de la pandemia”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Ya “que podría estar altamente favorecida por las condiciones de cercanía o hacinamiento provenidos de la permanencia de la población en refugios temporales, disponiendo la existencia y garantizando el suministro de tapabocas a toda la población del archipiélago”, precisó la entidad.
La Procuraduría indicó que se tiene reporte de la escases de medicamentos como losartán, losartán + hidroclorotiazidina, linagliptina, enalapril y metformina, a la vez que insumos médicos como algodón, alcohol antiséptico, microporo, esparadrapo, lancetas y tirillas para glucometría, cabestrillos, equipos y férulas.
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Al igual, el ente de control señaló que esta información deberá ser valorada y resuelta de manera urgente debido a las “graves consecuencias de su carencia, sobre la morbimortalidad por enfermedades generales”.
Así como el traslado permanente de personal de la salud desde San Andrés para que atiendan a los pobladores de Providencia, debido a los daños presentados por la infraestructura médica en la isla.
“Por lo expuesto, este organismo de control requiere al Ministerio de Salud para que se estructure un Plan de Acción para el departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, de la Secretaría de Salud departamental; del Hospital Clarence Lynd Newball y del mismo Ministerio de Salud”, indicó el ente de control.
Estas obligaciones son “la implementación de las medidas de control de la pandemia por covid-19; la atención médica local o el traslado al interior del país de los pacientes que lo requieran; la existencia y el suministro de medicamentos, equipos biomédicos e insumos esenciales. Así como el apoyo con personal médico y paramédico y su traslado seguro entre las islas”, determinó la Procuraduría.
El ente de control concluyó señalando que esta petición se hace en seguimiento a acciones que se viene adelantando hace algunos meses en consecuencia de garantizar los derechos fundamentales a la vida y salud de los habitantes del archipiélago ante las “deficiencias” por parte de “la administración departamental en la gestión de la infraestructura pública médico asistencial, que está en manos de la empresa particular IPS Sermedic”.
En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han registrado 2024 contagiados y muertes 31 por coronavirus desde que comenzó la pandemia.
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