
El senador Gustavo Petro espera reunirse con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para poner en conocimiento de instancias internacionales el asesinato de líderes sociales en el país. El dirigente político propuso “constituir una comisión judicial independiente, con investigadores nacionales e internacionales para esclarecer los hechos de la muerte sistemática de centenares de líderes sociales en Colombia”.
Diputados franceses y europeos también denunciaron el asesinato a través de una carta publicada en el medio digital francés Mediapart. ‘La carta abierta sobre la situación en Colombia y la persecución de opositores políticos’, firmada por 22 diputados del parlamento europeo y francés el 21 de octubre, asegura que han apoyado la implementación del Acuerdo de Paz desde su implementación. Dicho apoyo se ratificó en enero de 2016 en el Parlamento Europeo y fue reiterado por el Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores.
Denuncian los diputados que “cada 48 horas un defensor de los Derechos Humanos o un líder comunitario o político es asesinado”. Además, según la ONU, Colombia es el país con más defensores asesinados en América Latina. Señalan que es una actitud inconstitucional por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
También, la carta hace alusión a los hechos presentados el 9 de septiembre contra manifestantes que denunciaban la violencia policial luego de la muerte de Javier Ordóñez. “Esta represión dejó 13 personas muertas en lo que ya se conoce como la ‘Masacre de Bogotá’”.
Los representantes europeos también denuncian la muerte de Alejandro Llinás, ecologista y miembro de Colombia Humana, el 14 de abril. El líder social fue asesinado por las Autodefensas Unidas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La zona está en disputa entre este grupo armado ilegal, el clan del Golfo y la Oficina del Caribe.

Semanas antes, Llinás envió una carta al Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en la que advertía de la presencia de peajes ilegales. Además, “los Paras montaron una empresa de mototaxismo” para transportar turistas por un camino peligroso “hecho a pico y pala por la comunidad”, aseguró en su momento el dirigente asesinado.
También exponen el caso de Gustavo Herrera, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018 en el departamento del Cauca, quien fue asesinado el 20 de octubre. Las autoridades señalan que el homicidio se perpetró en la vereda La Cabrera, en la vía que conduce de Popayán a Coconuco, municipio de Puracé. La Alcaldía de Popayán ofreció $20 millones de recompensa a quien revele información sobre los asesinos.

El día anterior, 19 de octubre, también fue asesinado Eduardo Alarcón Córdoba, en el municipio de Campoalegre, departamento del Huila, líder campesino y miembro del partido político. Los hechos se presentaron en su finca, ubicada en la vereda Las Vueltas, cuando dos hombres entraron a su casa y le dispararon. Alarcón, junto con otros campesinos del municipio, logró implementar la reforma agraria en la región; gracias a su ardua labor, las autoridades entregaron parcelas sin costo alguno a los campesinos cultivadores de arroz.

El 1 de octubre, en Medellín, hallaron el cuerpo sin vida del historiador, profesor universitario y miembro del partido político, Campo Elías Galindo. Hombres armados irrumpieron en su apartamento y, además, se llevaron su computador personal y su celular. Según su hijo Gonzalo, en dicho computador estaban guardadas sus investigaciones, registros de reuniones e información personal de las organizaciones y proyectos de los que hacía parte.

Los diputados aseguraron que estos hechos son evidencia suficiente para afirmar que “la guerra, que muchos creían superada” migró a las grandes ciudades y “está dirigida especialmente contra los opositores políticos”. Concluye la carta ratificando que esta persecución política es un crimen contra la humanidad.
Ante la situación, el senador Petro se reunirá con representantes del Gobierno nacional el próximo 26 de octubre en una mesa de trabajo con enfoque en Derechos Humanos. Participarán funcionarios del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la UNP (Unidad Nacional de Protección), la Fiscalía General de la Nación y líderes de la oposición encabezados por Petro.
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