Contraloría investiga irregularidades en manejo de recursos destinados a las comunidades indígenas

El ente fiscal tramita 87 procesos por anomalías presentadas en varios contratos.

Un indígena del suroeste de Colombia grita consigna en una marcha por la vía Panamericana hacia la ciudad de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán.
Un indígena del suroeste de Colombia grita consigna en una marcha por la vía Panamericana hacia la ciudad de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán.

La Contraloría General de la República adelanta 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares por $530.238 millones por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a atender a las comunidades indígenas del país.

Las irregularidades por las que se decidió dar inicio con las investigaciones por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción están relacionadas con el uso ineficaz e ineficiente de los recursos, pues el dinero no fue destinado como era correspondiente y según las necesidades de las comunidades indígenas.

Además, señala la Contraloría, que también hay irregularidades en órdenes de compra, incumplimiento de órdenes de servicio, ejecución parcial de proyectos, pagos sin el lleno de los requisitos de ley, compras con sobrecostos, bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad, irregularidades en la adquisición de los mismos,en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos y faltantes en la ejecución de los recursos.

Se evidenció, según el órgano de control, que no hay soportes de los gastos realizados. Además, se incumplieron los convenios que debían beneficiar a los resguardos, así como la ejecución de los proyectos.

El departamento del Amazonas encabeza el listado de las investigaciones, con 21 procesos activos. Le siguen Nariño, con 15 casos; Guajira, con 10, y Sucre, con 8. Pero, la investigación con mayor cuantía es por $8.032 millones, en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. Las irregularidades hacen referencia a obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del resguardo Wacoyo, y la construcción, adecuación y mejoramiento del internado El Tigre.

El segundo proceso que se adelanta en la zona está relacionado con la construcción del internado para el resguardo Awaliba, por $3.924 millones.

Le siguen otros tres procesos citados por la entidad fiscal: el primero, por $2.319 millones, dadas las irregularidades en la construcción de sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos en Leticia, Amazonas; el segundo, por $1.499 millones, debido a las inconsistencias que se presentaron en el contrato celebrado en el Cabildo Indígena Kofan en Santiago de Cali para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra, departamento del Valle.

El tercer caso activo es por $1.428 millones, por la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades de Uribia, departamento de la Guajira

La Contraloría también señaló que, entre los años 2000 y 2019, se tramitaron 370 investigaciones fiscales, 135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal, por anomalías alrededor de estos recursos. En total, fueron $43.197 millones desviados.

A su vez, señalan que, entre 2015 y 2019, el Gobierno nacional invirtió más de $1,04 billones del Sistema General de Participaciones en los resguardos indígenas. “Solo los manejó adecuadamente el 25,22% de las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones)”, según cita El Tiempo; es decir, solo $662.702 millones se destinaron correctamente. El porcentaje restante tuvo deficiencias y alteraciones en el uso de los recursos públicos.

El estudio también asegura que se suscribieron 3.111 contratos por $919.976 millones y 23 de los 29 departamentos con resguardos indígenas, presentaron anomalías.

A esto se suma que, si bien los resguardos tienen asambleas, la mayoría desconoce cómo formular proyectos, señala El Tiempo. El problema más grave es, quizá, la “deficiente identificación de las necesidades de la comunidad que no conduce a mejorar las condiciones de vida de la población indígena”.