Videollamada e informe de seis páginas: así reconstruye la Fiscalía el rol de Serrano en el magnicidio de Fernando Villavicencio

José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa, enfrenta juicio como presunto autor mediato del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. Tras ser detenido en Estados Unidos por una infracción migratoria, Serrano fue deportado el 28 de agosto de 2026 y quedó recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, bajo prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado sostiene que Serrano operó como financista y como enlace entre estructuras de inteligencia policial y el crimen organizado. Según el dictamen leído en la audiencia preparatoria de juicio, el exfuncionario habría usado contactos en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial y en la Dirección General de Inteligencia para obtener información sobre la rutina, los vehículos y el esquema de seguridad de Villavicencio.

Uno de los testimonios centrales es el de Ronal Herrera, expolicía identificado como testigo protegido bajo el alias “Jonathan”. Herrera relató que en julio de 2023 fue citado por Daniel Salcedoe, hoy testigo colaborador de la Fiscalía, a un centro comercial de Samborondón, donde Salcedo habría sostenido una videollamada, a través de la aplicación Threema, con Serrano.

Según su versión, el exministro le pidió ubicar la rutina diaria y la composición del esquema de seguridad del candidato, a cambio de reincorporarlo a la Policía Nacional. Herrera añadió que, junto al cabo José Alvarado, elaboró un informe de seis páginas con fotografías de la caravana y rutas habituales, remitido a Serrano y a Salcedo.

El propio Salcedo, condenado y ahora colaborador de la Justicia, ha declarado que Serrano actuaba como el nexo entre el mundo criminal y el gobierno. Aseguró además que, tras iniciar su cooperación con la Fiscalía, él y su hermano fueron atacados dentro de la cárcel de Riobamba, episodio que atribuye a una represalia ordenada por el exministro.

Las pericias practicadas al teléfono de María Paula Christiansen, pareja de Serrano, incorporadas al expediente, aportan otro capítulo de la investigación. Los mensajes extraídos registran conversaciones entre Christiansen y Xavier Jordán Mendoza, otro procesado por el crimen, en las que habrían coordinado estrategias de defensa y cuestionado las actuaciones fiscales, además de negocios inmobiliarios conjuntos en Doral, Florida. Los chats también documentan comunicaciones con Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, para la elaboración de un documento notariado reservado dirigido a una jueza de inmigración en Miami, en medio del trámite de fianza de Serrano en Estados Unidos.

Ese mismo material incluye, de acuerdo con lo revelado en el proceso, mensajes en los que Christiansen y Sarauz cuestionan y descalifican a Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del excandidato presidencial, y describen la creación de perfiles falsos en redes sociales para atacarlas a ellas y a la fiscal del caso, Ana Hidalgo.

Las propias hijas de Villavicencio, que dirigen el medio La Fuente: Periodismo de Investigación, fundado por su padre, presentaron en noviembre de 2025 una acusación particular contra Serrano, Salcedo, Jordán y Ronny Aleaga. Además, difundieron una serie documental de cuatro capítulos que expone, según sus autoras, cinco maniobras de encubrimiento: cambio de testimonios, construcción de versiones favorables a los procesados, control del relato político, ataques a quienes investigan y responsabilización de las víctimas. Ese señalamiento se sustenta en pericias a tres dispositivos: el teléfono de Christiansen, una grabadora entregada por la defensa de Serrano y el teléfono de otro testigo del proceso, Marcelo Lasso.

La Fiscalía prevé continuar en los próximos días con la exposición individualizada de los roles atribuidos a cada uno de los procesados, en el marco de la audiencia preparatoria de juicio del caso conocido como Magnicidio FV. Serrano, a través de sus abogados, ha negado tener responsabilidad en el crimen y su defensa ha cuestionado la fiabilidad de varios de los testimonios presentados en su contra.