En medio de la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia, el Gobierno dispuso este miércoles la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo 5697, busca corregir deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de carburantes y fortalecer el control sobre las operaciones de la petrolera estatal.
La intervención contempla la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, encargada de supervisar y hacer seguimiento a la gestión de YPFB durante el periodo de vigencia de la medida. Esta instancia estará integrada por los ministerios de Economía, Hidrocarburos, Producción Sostenible y Obras Públicas, además del viceministerio de Transparencia.
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De acuerdo con el decreto, la decisión responde a deficiencias identificadas en los procesos vinculados con la importación y distribución de carburantes, situación que, según el Gobierno, representa riesgos para el abastecimiento, el interés público y la seguridad energética del país.
El periodo inicial de intervención será de 180 días. Sin embargo, está prevista la posibilidad de una ampliación excepcional hasta por 90 días.
La norma, aprobada ayer por la administración de Paz, señala que la intervención no supone la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional. En ese sentido, la compañía continuará funcionando como entidad pública, mientras la comisión extraordinaria realizará las tareas de seguimiento establecidas durante el periodo de intervención.
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No es la primera vez que YPFB es sometida a una revisión extraordinaria. La estatal petrolera fue intervenida en 2009 y en los años siguientes atravesó una serie de auditorías, procesos de control e investigaciones fiscales.
De hecho, solo en la gestión de Paz se dispuso la militarización de plantas de refinamiento para combatir lo que el presidente calificó como actos “de sabotaje” en la distribución de carburante ante los reclamos por la mala calidad de la gasolina. Más tarde, se realizaron allanamientos en las oficinas de La Paz y Santa Cruz para indagar un posible sobreprecio en contratos de compra de crudo.
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La medida anunciada este miércoles se diferencia por el alcance y el plazo establecidos, además de la creación de la comisión con facultades para acceder a información, disponer auditorías, revisar la trazabilidad de los combustibles y remitir posibles irregularidades a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
La medida se produce en un contexto marcado por las dificultades para garantizar el abastecimiento en el país. Desde hace más de tres años, los bolivianos experimentan periodos prolongados de escasez debido a la baja producción local y las limitaciones de importación por la crisis económica que atraviesa Bolivia.
A este escenario se suman recurrentes reclamos por la mala calidad de la gasolina, cuestionamientos al alza en el precio del diésel para los “grandes consumidores”, denuncias de corrupción dentro de la petrolera y la persistencia de redes de contrabando que llevan combustible boliviano a otros países.
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El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que la estrategia detrás de la intervención es que la estatal petrolera se concentre progresivamente en los procesos de exploración, explotación y refinamiento. De esa forma, se cortarían las redes de corrupción en torno a la comercialización.
“La intención es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos. Yacimientos no fue creado con ese fin. Cumpliendo la Constitución, vamos a hacer que los privados participen en toda la cadena”, afirmó Blanco.
Aunque ya están funcionando algunos surtidores privados —con el precio al doble o más del combustible subvencionado—, Blanco señaló que mantuvo reuniones con empresas privadas para importar mayores volúmenes a medida que la estatal petrolera reduzca su participación en la distribución.
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