Un ecuatoriano deportado de EE.UU. saltó de un patrullero y fue recapturado tras correr 800 metros en Guayaquil

Un recorrido de aproximadamente 800 metros por las calles del norte de Guayaquil terminó con la segunda detención, en una misma noche, de un ecuatoriano que acababa de ser deportado desde Estados Unidos. El hombre había saltado por una ventana del vehículo policial en el que era trasladado y emprendió la huida a pie, luego de que presuntamente intentara convencer a los agentes de dejarlo libre a cambio de USD 150.

El episodio ocurrió la noche del 24 de agosto de 2026 y tuvo como protagonista a Diego P. G., de 36 años. Su regreso a Ecuador se había producido mediante un vuelo chárter procedente de Texas, después de ser deportado desde territorio estadounidense.

Horas después de su llegada, el ecuatoriano fue localizado por policías en las inmediaciones de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, sobre la avenida de Las Américas, una de las principales arterias del norte de Guayaquil y frente al Cuartel Modelo.

La revisión de sus antecedentes permitió establecer que estaba relacionado con un proceso penal por lesiones iniciado ocho años atrás en Machala, capital de la provincia de El Oro. Dentro de esa causa se había dictado una prohibición de salida del país.

Fue durante el procedimiento posterior cuando se produjo el intento de fuga. Según los antecedentes incorporados al expediente judicial y divulgados por medios ecuatorianos, Diego P. G. habría ofrecido USD 150 a los policías para que permitieran que se marchara.

Los uniformados no aceptaron el dinero. Mientras continuaban con el procedimiento, el hombre se lanzó por una ventana del patrullero y corrió para tratar de evitar nuevamente la acción policial.

Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie que se prolongó por unos 800 metros. Finalmente consiguieron alcanzarlo y ponerlo otra vez bajo custodia. El salto desde el vehículo le provocó lesiones, por lo que debió recibir posteriormente atención en un establecimiento de salud.

El incidente abrió un nuevo frente judicial para el deportado. Las autoridades lo pusieron a disposición de la justicia por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, mientras que en el procedimiento policial también quedó registrado el intento de evasión.

El incumplimiento de decisiones legítimas está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece una pena de uno a tres años de prisión para la persona que incumpla órdenes o prohibiciones específicas dirigidas a ella y emitidas por una autoridad competente.

La Fiscalía llevó el caso ante un juez y formuló cargos contra Diego P. G. Como parte de la audiencia solicitó que se dictara prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación penal.

El pedido, sin embargo, no fue aceptado. El juez decidió que el hombre podía afrontar el proceso sin permanecer encarcelado preventivamente y dispuso como medida cautelar una prohibición de salida de Ecuador. También quedó abierta la etapa de instrucción fiscal, durante la cual deberán recabarse los elementos relacionados con los hechos.

Hasta ahora no se han difundido públicamente las razones específicas por las que Diego P. G. fue deportado desde Estados Unidos ni se ha establecido que esa decisión migratoria estuviera relacionada con el proceso por lesiones abierto en Ecuador.

Tampoco se conocen públicamente las circunstancias en las que abandonó anteriormente territorio ecuatoriano, pese a que el antecedente judicial que consta en la información disponible se remonta a 2018.

El episodio ocurrido después de su retorno constituye ahora un procedimiento distinto que deberá resolverse en los tribunales. El ofrecimiento de los USD 150 y el posterior intento de escapar forman parte de la información consignada sobre la intervención policial, pero deberán ser evaluados dentro del proceso correspondiente.

Diego P. G. mantiene la condición de procesado.