Cuatro hombres fueron aprehendidos durante la operación “Alba 2”, desarrollada en Panamá Oeste, por su presunta vinculación con delitos de violación y actos libidinosos.
Las diligencias se realizaron en Arraiján, La Chorrera y San Carlos, una provincia que ocupa el tercer lugar nacional en denuncias por delitos sexuales.
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La operación fue ejecutada por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Dirección de Investigación Judicial. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidas a análisis periciales, incluyendo estudios de comparación genética relacionados con las investigaciones.
Los expedientes corresponden a hechos ocurridos entre 2019 y junio de 2026. Dos investigaciones se relacionan con actos libidinosos cometidos presuntamente por familiares cercanos de las víctimas, mientras otro caso involucra a un conductor de transporte escolar señalado por atacar a varias menores durante diferentes recorridos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el conductor habría aprovechado los trayectos dentro del vehículo para cometer los actos, utilizando amenazas contra dos hermanas. El mismo sospechoso también es investigado por otra agresión ocurrida posteriormente contra una estudiante, presuntamente dentro del transporte escolar que conducía.
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Otro de los aprehendidos es investigado por presuntamente cometer una violación contra una adolescente de su entorno familiar en La Chorrera. Los cuatro sospechosos deberán comparecer ante un juez de garantías para la legalización de sus aprehensiones, la formulación de cargos y la discusión de las medidas cautelares correspondientes.
La relevancia territorial de la operación queda reflejada en el informe estadístico del Ministerio Público hasta julio de 2026. Panamá Oeste acumuló 524 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, cifra que la colocó solo detrás de Panamá, con 804, y Chiriquí, con 575.
La provincia concentró aproximadamente 13,4% de las 3.922 denuncias registradas en todo el país. Además, sus casos aumentaron 18% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 444, una variación superior al crecimiento nacional de 16% registrado durante el último año.
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Panamá Oeste ocupó además el segundo lugar del país en denuncias por violación, con 214 casos, únicamente superada por Chiriquí, que reportó 270. También fue segunda en actos libidinosos, con 110 denuncias, detrás de la provincia de Panamá, que registró 179 expedientes de esta modalidad.
A escala nacional, el delito específico con mayor incidencia fue el acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, con 1.482 denuncias. Le siguieron la violación, con 1.307 casos, y los actos libidinosos, con 633, según las cifras preliminares de la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio.
Entre enero y julio también fueron registradas 226 denuncias por corrupción de personas menores de edad, 150 por violación doblemente agravada y 55 por pornografía infantil. Esta última categoría presentó uno de los mayores incrementos interanuales, al crecer 62% frente al mismo periodo de 2025.
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Julio fue el mes con mayor cantidad de denuncias sexuales en Panamá, al acumular 706 casos. Mayo ocupó la segunda posición, con 685, mientras abril registró 539. Los datos pueden variar conforme avancen las investigaciones y se actualice la clasificación jurídica de cada expediente.
Condena
La operación coincidió con una condena obtenida por la misma Fiscalía Regional de Panamá Oeste. Un tribunal impuso 20 años de prisión a un hombre declarado responsable de violación agravada y actos libidinosos agravados contra tres menores, por hechos cometidos en el distrito de Arraiján durante 2022.
El Tribunal de Juicio Oral validó el acuerdo de pena presentado por las partes y emitió la sentencia condenatoria el 24 de agosto de 2026. La investigación acreditó que el responsable atacó primero a dos menores y posteriormente agredió a otra víctima, a quien amenazó con un arma blanca y privó de libertad.
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Además de la pena principal, el condenado quedó inhabilitado durante 20 años para desempeñar cargos, oficios o profesiones en escuelas, parques, centros infantiles o cualquier espacio donde se agrupen menores. La restricción busca impedir que, después de cumplir la condena, pueda acceder nuevamente a entornos frecuentados por niños y adolescentes.
El Ministerio Público señala que estos delitos pueden denunciarse en la Sección de Atención Primaria o en la fiscalía regional más cercana. Las víctimas o sus representantes pueden aportar conversaciones, fotografías, testimonios u otros elementos, mientras la atención primaria permanece disponible las 24 horas y durante toda la semana.
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