La Corte IDH escuchó el caso de Brooklyn Rivera y de ocho desaparecidos en Nicaragua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó el caso de Brooklyn Rivera y de ocho personas de su entorno que siguen desaparecidas en Nicaragua, en una audiencia en la que su familia pidió mantener las medidas provisionales de protección, reclamar la entrega de sus restos y exigir que el Estado explique cómo murió el líder indígena tras casi tres años bajo custodia.

Las ocho desapariciones fueron actualizadas ante el tribunal por Tininiska Rivera, hija del dirigente miskito, quien indicó que estas personas no aparecen desde el 31 de mayo. La mayoría son familiares, pero también hay allegados y dirigentes comunitarios que habían viajado a Managua para recuperar los restos de Rivera y trasladarlos a su comunidad para sepultarlo.

Según Nicaragua Actual, la hija del exdiputado afirmó ante la corte que las autoridades reconocieron en 2024 que su padre estaba bajo custodia estatal, pero nunca informaron públicamente cuáles eran los cargos en su contra y tampoco si existió un proceso judicial o una sentencia. “No han oficializado nada ante la familia del por qué murió, ni cómo murió”, sostuvo.

Rivera también señaló que la familia no ha podido recuperar los restos de su padre. Añadió que el Estado no ha explicado las circunstancias de la muerte ni ha entregado información sobre el periodo en que permaneció cautivo.

Durante su comparecencia, Tininiska Rivera dijo que el gobierno no ha informado sobre la situación de las personas detenidas y desaparecidas. “El gobierno no se nos ha informado del estado de salud de estas personas, ni de cómo se encuentran actualmente”, denunció.

La diligencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se centró en la supervisión de medidas provisionales vinculadas con Rivera y su núcleo familiar. Allí se expuso de forma formal la situación de los familiares y allegados que, según la presentación de la parte peticionaria, permanecen en condición de desaparición forzada.

Junto a la familia estuvo Susana Marley Cunningham, conocida como Mama Tara, líder indígena miskita exiliada en Costa Rica. Ante el tribunal, reclamó la liberación de los familiares de Rivera y de otros líderes indígenas encarcelados en Managua.

“Yo vine a exigir que liberen a los familiares del taupla que están presos y todos los líderes indígenas que están en la cárcel en Managua”, afirmó. También pidió que el Estado entregue los restos del líder indígena a la comunidad miskita para darle sepultura de acuerdo con sus tradiciones y con la voluntad de su familia.

La representación de las víctimas habló de desacato permanente del Estado

Anexa Alfred Cunningham, representante de las víctimas en el caso de medidas provisionales, sostuvo que la situación actual prolonga los hechos ya denunciados ante la Corte: detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y muerte bajo custodia. La presentación vinculó las nuevas desapariciones con el caso original de protección internacional otorgada a Rivera.

Alfred, que también preside el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmó que Nicaragua permanece en “desacato permanente” por no haber cumplido las medidas provisionales que protegían al dirigente miskito. “El taupla tenía protección internacional, sin embargo el Estado de Nicaragua no respetó esa protección internacional”, dijo.

La representante sostuvo además que el caso no puede leerse de forma aislada. Según la publicación, lo relacionó con un patrón de persecución contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, que describió como una política de “criminalización, desaparición forzada, destierro y muerte” orientada a ampliar el control estatal sobre sus territorios y estructuras políticas.

Ante la Corte, los representantes pidieron mantener las medidas provisionales, exigir información sobre las ocho personas desaparecidas y garantizar el derecho de la familia a conocer qué ocurrió con Rivera durante los casi tres años de cautiverio. “La familia tiene el derecho a saber qué pasó durante su cautiverio”, sostuvo Alfred.

También insistieron en que, pese a la falta de cooperación del régimen nicaragüense, la presión debe continuar desde la comunidad internacional, los órganos políticos y los Estados del sistema interamericano ante las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país.