Rodrigo Paz convoca a los gobernadores a un encuentro para materializar la propuesta “50-50” sobre redistribución de recursos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó este miércoles a los nueve gobernadores del país para debatir la implementación de la propuesta denominada “50-50”, una reforma con la que el Gobierno busca profundizar la descentralización a partir de la redistribución de recursos, competencias y responsabilidades entre el nivel central y las regiones.

El encuentro está previsto para las 17:00 en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, donde mañana se desarrollarán los actos cívicos por el 201 aniversario de la fundación del país.

En la víspera se realizó una jornada de trabajo entre equipos técnicos que analizaron propuestas relacionadas con la redistribución de ingresos fiscales y el traspaso de competencias. Entre los principales objetivos figura la construcción de una agenda de trabajo que permita convertir la promesa electoral de Paz en una política de Estado.

La propuesta del “50-50” fue uno de los principales ejes de la campaña electoral de Rodrigo Paz. El mandatario sostiene que el actual modelo de administración pública concentra excesivas funciones y recursos en el Gobierno nacional, lo que ralentiza la ejecución de proyectos y limita la capacidad de respuesta de las regiones.

Si bien nunca se explicó técnicamente la propuesta del presidente, el modelo apunta a una distribución más equilibrada entre el Gobierno y las autonomías no solo en términos presupuestarios, sino también mediante la transferencia gradual de atribuciones administrativas y de gestión pública.

Las regiones llegan a la reunión de este miércoles con demandas y propuestas específicas, como la del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, que plantea iniciar la redistribución de recursos fiscales con el Impuesto a las Transferencias (IT) además de reducir el gasto público que suponen las empresas públicas deficitarias.

El gobernador señaló en entrevistas anteriores que el IT genera aproximadamente 7.300 millones de bolivianos (730 millones de dólares) al año y planteó que el Tesoro General de la Nación ceda la mitad a las regiones para fortalecer los ingresos de gobernaciones, municipios y universidades públicas a partir del próximo año.

De acuerdo con autoridades departamentales, otro de los puntos centrales de la negociación será definir qué competencias pueden ser transferidas a las gobernaciones junto con las fuentes de financiamiento necesarias para asumir esas nuevas responsabilidades, evitando que la descentralización implique mayores cargas sin respaldo económico.

A finales de julio, el Gobierno central asumió dos gastos que antes correspondía a las gobernaciones: el financiamiento de los prediarios en los centros penitenciarios y un bono de vacunación, como primer paso en esta reestructuración. “Esto es 50-50 en acción. Redefinimos las responsabildiades entre el nivel central y las autonomías para que cada región libere recursos y los invierta en su propio desarrollo”, escribió el mandatario en X. “No es repartir plata, es transformar cómo funciona el Estado”, agregó.

La cita en Sucre busca establecer una metodología de trabajo para los próximos meses. La intención es que los acuerdos alcanzados den paso a mesas técnicas permanentes y a un cronograma de reformas que involucre posteriormente a municipios, universidades y la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que deberá debatir los cambios normativos necesarios.

Para el Gobierno este es un proceso de largo aliento. Si bien plantean iniciar unas reformas estructurales en el corto plazo, sostienen que su implementación requerirá un proceso gradual, con una visión de al menos 30 años.