Uruguay expresó su preocupación por las declaraciones del dictador Ortega y pidió “elecciones libres” en Nicaragua

Uruguay se sumó este domingo a la lista de países que condenaron o expresaron su preocupación por las recientes declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega, quien días atrás dijo que en su país no habrá más elecciones.

Sus dichos provocaron rechazo político dentro y fuera del país. También dejaron expuesta una tensión en el propio oficialismo, después de los anuncios sobre futuras elecciones bajo nuevas reglas.

El Gobierno uruguayo expresó este domingo su preocupación por esas palabras. El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió en un comunicado que las declaraciones “ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese hermano país”.

La cancillería uruguaya añadió que mantiene su posición de que “el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional”.

Antes del pronunciamiento oficial, el opositor Partido Nacional de Uruguay había reclamado al Gobierno de Yamandú Orsi una reacción pública. Esa fuerza condenó lo que definió como “actitudes y declaraciones totalitarias que no garantizan la libertad y la libre expresión” del pueblo nicaragüense.

El partido sostuvo además que las palabras de Ortega implican un desconocimiento abierto de los principios esenciales de la democracia representativa. También defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes en elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.

Ortega afirmó el 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, lo que provocó una reacción oficial de Uruguay, un llamado de la UE para que el país convoque comicios “según lo previsto” y una respuesta del Gobierno nicaragüense contra lo que calificó de injerencia extranjera. Después, dirigentes del oficialismo sostuvieron que sí habrá elecciones, aunque bajo una reforma electoral y un nuevo marco constitucional.

Ortega hizo esa afirmación durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista. Allí sostuvo que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

El sábado la Unión Europea (UE) había instado a el régimen de Ortega a permitir elecciones “según lo previsto”. También pidió que esos comicios se celebren de manera “transparente, inclusiva y creíble”.

La posición europea llegó en un comunicado de Kaja Kallas, alta representante de Exteriores del bloque. Allí señaló que la UE sigue de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua.

El bloque pidió además a las autoridades que convoquen elecciones y garanticen que se celebren según lo previsto inicialmente y de conformidad con las normas internacionales. También reiteró su condena a la “represión sistémica” atribuida a las autoridades nicaragüenses. A la vez, reclamó la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento pleno del Estado de derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

La declaración europea planteó además un diálogo entre el régimen y la oposición. También pidió reformas electorales para respaldar una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual.

La UE afirmó que seguirá apoyando al pueblo nicaragüense en su aspiración a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Añadió que mantiene abiertos los canales diplomáticos para un diálogo político respetuoso y en cooperación con actores regionales.

El régimen de Nicaragua respondió el sábado a la UE con una nota oficial de su cancillería. En ese texto rechazó el pronunciamiento europeo como “injerencista, imperialista y propio de una mentalidad anclada en un pasado colonial”.

La nota oficial afirmó que el pueblo y el Gobierno nicaragüenses no admiten ese tipo de señalamientos sobre sus territorios, sus pueblos y sus procesos democráticos. El mensaje cerró con una frase directa: “No somos vasallos de nadie”.

El viernes, la copresidenta de la dictadura, Rosario Murillo, anunció que presentarán una propuesta de reforma electoral ante embajadores acreditados en el país, empresarios e inversionistas. El anuncio llegó después del rechazo internacional a las palabras del mandatario.

El miércoles, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dijo que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinde de “la injerencia extranjera” y de los “traidores a la patria”.

La secuencia dejó expuesta una contradicción entre la afirmación inicial de Ortega y las explicaciones posteriores del oficialismo. El episodio volvió a colocar bajo presión internacional a un mandatario de 80 años que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminación de la oposición y la declaración de “inaplicable” del artículo de la Constitución que impedía la reelección.