La Asamblea de Ecuador cruzará datos financieros de alcaldes y prefectos en una fiscalización nacional sobre su evolución patrimonial

La Asamblea Nacional puso en marcha una fiscalización de alcance nacional sobre el patrimonio de las principales autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El proceso, que se desarrollará durante 90 días, buscará establecer si la evolución patrimonial de alcaldes, prefectos y otros funcionarios de elección popular es consistente con los ingresos que han reportado durante el ejercicio de sus cargos, mediante el cruce de información proveniente de varias instituciones del Estado.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, que aprobó un plan de trabajo enfocado en recopilar y contrastar registros tributarios, financieros, laborales y patrimoniales. En esta primera etapa, la investigación no está dirigida contra autoridades específicas ni supone la apertura de procesos individuales, sino la construcción de una base documental que permita identificar eventuales inconsistencias.

Para ello, la comisión remitirá requerimientos formales a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo. Cada organismo deberá entregar la información que administra dentro de sus competencias para que los legisladores puedan reconstruir la evolución económica de las autoridades locales mientras han permanecido en funciones.

El trabajo incluirá la revisión de declaraciones patrimoniales juramentadas, remuneraciones registradas en el sector público, información tributaria y otros datos que permitan establecer si existen diferencias entre los ingresos oficialmente reportados y el crecimiento de los bienes declarados por las autoridades. La comisión sostiene que únicamente después de analizar esa documentación podrá determinar si existen casos que ameriten una investigación más profunda.

La presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo, explicó que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control político sobre quienes administran recursos públicos en municipios y prefecturas, utilizando información proveniente de las entidades estatales encargadas del control financiero y administrativo. Según el cronograma aprobado, la recopilación documental constituirá la primera fase de la fiscalización antes de cualquier comparecencia o solicitud de explicaciones a funcionarios.

Como parte del proceso también serán convocados representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), además de delegados de las instituciones de control. La comisión prevé recibir información técnica sobre los mecanismos de administración de recursos, la presentación de declaraciones patrimoniales y los sistemas de control existentes para las autoridades seccionales.

Solo una vez concluida esa etapa, la comisión evaluará si existen elementos suficientes para convocar a alcaldes o prefectos cuyos casos requieran aclaraciones adicionales. Hasta el momento, el Legislativo no ha difundido un listado de funcionarios bajo investigación ni ha señalado que existan indicios concretos contra alguna autoridad en particular.

La Asamblea también habilitó un canal para recibir información ciudadana relacionada con posibles irregularidades patrimoniales. A través del correo electrónico gadtransparente@asambleanacional.gob.ec, cualquier persona podrá remitir documentación, denuncias o alertas que puedan ser consideradas dentro del proceso de fiscalización, siempre que la comisión estime pertinente incorporarlas al expediente.

La investigación legislativa se desarrolla en un escenario en el que distintas autoridades locales enfrentan procesos impulsados por otras instituciones del Estado por presuntos delitos contra la administración pública, corrupción o vínculos con estructuras del crimen organizado. Sin embargo, la revisión patrimonial emprendida por la Asamblea tiene un alcance distinto: constituye un mecanismo de control político y no reemplaza las competencias de la Fiscalía ni de la Contraloría para establecer responsabilidades penales o administrativas.

La apertura de esta fiscalización también provocó reacciones en el ámbito político. Desde la Revolución Ciudadana se cuestionó que el proceso se inicie cuando comienza a configurarse el escenario previo a las elecciones seccionales de 2027 y se advirtió sobre el riesgo de que la investigación pueda utilizarse con fines políticos. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que el control patrimonial debe aplicarse sin distinciones partidistas y sobre todas las autoridades que administran recursos públicos.

Al término de los 90 días previstos para la investigación, la Comisión de Gobiernos Autónomos elaborará un informe con los resultados del cruce de información entregada por las instituciones del Estado. Ese documento definirá si existen elementos para recomendar nuevas acciones de fiscalización, remitir antecedentes a los organismos competentes o plantear reformas destinadas a fortalecer los controles sobre el patrimonio de las autoridades que dirigen los gobiernos locales.