En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco (680 kms al sur de Santiago), partió este jueves el segundo juicio contra del lonko mapuche Guillermo Ñirripil Cheuquepán, acusado por la Fiscalía de los delitos de robo con intimidación y dos delitos de extorsión.
De acuerdo a antecedentes de la investigación, el lonko Ñirripil habría ingresado al fundo San Jorge en la comuna de Curacautín junto a un grupo de personas para intimidar a los encargados y robar leña desde una bodega, y además se le imputa haber extorsionado en dos oportunidades, entre 2021 y 2022, a un trabajador de la empresa Sefomec, bajo amenazas de ocupar el predio de la firma y destruir sus maquinarias, exigiendo dos pagos de $5 y $8 millones de pesos (USD 14 mil), montos que fueron cobrados mediante instrumentos bancarios.
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Por estos delitos el Ministerio Público solicita una pena total de 22 años de presidio -8 años por el robo y dos penas de 7 años por cada extorsión-, mientras que la defensa aduce falta de pruebas y agrupaciones y comunidades mapuches acusan que el proceso no es más que una “persecución político-judicial”.
Cabe recordar que Ñirripil Cheuquepán ya se encuentra recluido cumpliendo una condena previa de 5 años y un día de cárcel por otro delito de extorsión, tras ser detenido en marzo de 2023 en Temuco al cobrar un vale vista de $18 millones de pesos (USD 19.500), exigido a una agricultora en la comuna de Lautaro.
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“Racismo judicial”
Por su parte, el defensor penal público, Luis Acuña, aseguró que su representado es inocente y abogó por su absolución.
“El imputado Guillermo Ñirripil Cheuquepán es inocente. A nuestro juicio, de la prueba que se rendirá durante estas siete jornadas por las cuales está agendado el juicio, no se podrá lograr acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la participación culpable del imputado. Y es por eso que solicitamos en el alegato de apertura que, concluido el juicio, se dicte un veredicto absolutorio”, señaló, según consignó El Diario de La Araucanía.
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En tanto, su hija, Valeria Ñirripil, junto a representantes de 21 comunidades mapuches de la zona, acusan al sistema judicial chileno de sostener un “racismo judicial” y una persecución penal selectiva.
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