La Contraloría General de la República (CGR) determinó este jueves que la exministra de Seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, actuó ilegalmente al pedir al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir su puesto en marzo, antecedentes específicos sobre funcionarios vinculados al caso “Clan Chen”, quienes habían trabajado bajo su mando en su etapa previa como fiscal regional de Tarapacá.
A los pocos días, la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, con 36 años de servicio, fue removida de su cargo, y las sospechas sobre una posible “vendetta” por parte de la flamante ministra se instalaron de inmediato.
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El oficio de la CGR, publicado en exclusiva por BioBíoChile, estableció que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de seguridad”.
Así, el ente concluyó que el actuar de Steinert “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.
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La reacción del Gobierno y el posible juicio político
La noticia cayó como balde de agua fría en el Gobierno, desde donde escuetamente salieron a defender la labor de la exministra Steinert.
“No nos vamos a referir a un juicio de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steiner (y) la labor que realiza Contraloría”, afirmó el ahora ministro de Seguridad, Martín Arrau.
En paralelo, parlamentarios de oposición aseguraron que buscarán perseguir “las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”, tal como lo señaló uno de los diputados que ofició a la CGR al respecto, Raúl Leiva (PS).
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De la misma opinión fue su par Luis Cuello (PC), quien sostuvo que “acá perfectamente se configura una causal de Acusación Constitucional (AC)”.
Finalmente, el diputado Patricio Pinilla (DC) recordó que “por mucho menos se acusó al ministro Grau del Gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, es razonable evaluar una comisión investigadora o quizás una nueva Acusación Constitucional, porque aquí es la Contraloría la que ha dicho que se infringieron deberes establecidos en la Constitución y las leyes”, remató.
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