Bolivia investiga a más de 300 personas por su participación en los bloqueos

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó este miércoles que el Ministerio Público investiga a más de 300 personas por su presunta participación en los bloqueos de caminos que en las últimas semanas afectaron al país.

“Se tienen diferentes procesos en todo el país, personas aprehendidas que han sido imputadas. Son más de 300 personas que han sido investigadas en el país (…) estamos trabajando”, afirmó Mariaca en una rueda de prensa. Añadió que existen procesos abiertos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí.

El fiscal reveló que algunas personas se sometieron a procesos abreviados y aceptaron su culpabilidad. “En el departamento de Cochabamba, para dar un ejemplo, se tienen ocho personas que se han sometido a una salida alternativa de procedimiento abreviado”, informó.

Sin precisar números, Mariaca indicó que existen personas con detención preventiva y que los procesos penales continúan abiertos. “No se han cerrado casos, eso es importante que se sepa”, afirmó.

La tensión social se agudizó cuando en el escenario político confluyeron demandas de varios sectores sociales que derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

Mediante bloqueos de caminos, que iniciaron el 6 de mayo y se extendieron hasta el 22 de junio, indígenas del altiplano, obreros sindicalizados, juntas vecinales de El Alto y cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) intentaron forzar la renuncia del primer mandatario en medio de acusaciones de traición y de gobernar contra los intereses de la mayoría de la población.

La medida de presión llegó a tener 90 piquetes simultáneos en siete de nueve departamentos del país, lo que prácticamente paralizó el transporte en el país.

El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos de primera necesidad especialmente en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cerradas. También dejó un daño económico significativo para sectores estratégicos como el turismo, el transporte y la industria.

Según entidades de comercio exterior e industria, la pérdida económica supone cerca de 3.000 millones de dólares: el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Los escenarios de conflicto y la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos también provocaron víctimas fatales.

Las investigaciones que anunció el fiscal Mariaca se dan en medio de pedidos para no dejar en la impunidad a quienes participaron en las protestas sociales. Luego de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) en el que se comprometió a “no perseguir judicialmente” a los líderes de las protestas y revisar la situación jurídica de los detenidos, sectores empresariales y cívicos anunciaron procesos penales para sancionar a los responsables.

“Esto no puede quedar sin responsables”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que aglutina varias instituciones y que en los últimos años tuvo un rol protagónico de oposición a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que anunció denuncias contra los principales dirigentes.

Al menos tres personas están en la mira de los sectores que exigen justicia: el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo; el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar; y el expresidente Morales. Hasta la publicación de esta nota, no se conocía de manera pública ningún proceso de investigación judicial por este caso contra ninguno de los implicados.