Crecen los pedidos para sancionar a los bloqueadores en Bolivia tras pérdidas millonarias y destrozos en carreteras

Varios sectores en Bolivia exigen sanciones contra quienes promovieron los bloqueos de caminos que paralizaron el país durante casi 50 días y generaron pérdidas millonarias, el desabastecimiento de productos básicos, destrozos en la infraestructura pública e impidieron el auxilio médico oportuno a más de diez personas que perdieron la vida durante las protestas, según informes oficiales.

Entidades relacionadas con la agroindustria, el transporte y el comercio, además del Comité Cívico y algunos actores políticos, exigieron que los líderes de la movilización social no queden impunes. “Esto no puede quedar sin responsables”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que aglutina varias instituciones y que en los últimos años tuvo un rol protagónico de oposición a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el que también impulsó paros con bloqueos.

El líder cívico informó que “ante la inacción del Gobierno” decidieron iniciar procesos penales contra los dirigentes sociales de las tres organizaciones que encabezaron los bloqueos: el secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el representante de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar; y el expresidente Evo Morales (2006-2019), líder de los cocaleros que hicieron piquetes en su bastión al centro del país.

Aunque no hay una cifra consolidada por las pérdidas, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño económico de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a los destrozos en carreteras, la Administradora Boliviana de Carreteras informó que se destinarán cerca de 9 millones de dólares (90 millones de bolivianos) para los trabajos de reparación.

La medida de presión, que inició el 6 de mayo y concluyó el 22 de junio, fue impulsada por varios sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de inconsistencias en su gestión y de traicionar a quienes le dieron el voto en octubre del año pasado cuando ganó la elección presidencial con el 55% de la votación frente al candidato conservador Jorge Quiroga. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.

Tras haber logrado un acuerdo con el mayor sindicato obrero el pasado sábado, el gabinete de ministros aprobó un decreto de estado de excepción que le permite establecer algunas restricciones e involucrar a las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden. La medida motivó el repliegue progresivo de los demás actores en medio de acusaciones contra el dirigente sindical que pactó con el Gobierno.

Ante los crecientes pedidos para sancionar a los responsables, el presidente Paz ha mostrado una posición contradictoria. Si bien ayer pidió “cárcel por el daño que hicieron a la sociedad” contra los bloqueadores, en el acuerdo que firmó con la COB se comprometió a “no impulsar normas que criminalicen la protesta”, a no realizar “persecución política ni judicial” y conformó una comisión “con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos y revisión de los procesos en los conflictos”.

La discusión sobre el costo de la protesta y las sanciones contra los responsables ha vuelto a poner en la mesa de debate los proyectos de ley “antibloqueos” que se han presentado en la Asamblea Legislativa el año pasado. Los proyectos permanecen trabados en comisiones legislativas mientras dividen a la opinión pública: mientras algunos defienden los piquetes como la única medida de protesta que logra la atención de los gobernantes, otros los ven como un delito que vulnera libertades y derechos fundamentales.