Conflicto entre poderes en Bolivia: la Justicia exige mayor presupuesto y amenaza con un paro nacional

La demanda de aumento de financiamiento para el Órgano Judicial genera tensión entre dos de los principales poderes del Estado boliviano. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, amenazó al Ejecutivo y Legislativo con declarar un paro nacional de jueces y vocales para exigir el cumplimiento de una serie de demandas, como la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado y la aprobación de leyes para mejorar la administración de la justicia en un plazo de 20 días.

“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, amenazó Saucedo y agregó que la finalidad es conseguir la atención que “merece” la institución que preside.

Bolivia asigna menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado para el funcionamiento de la Justicia, un porcentaje menor al promedio regional que, según datos del Banco Mundial, es del 3,8% del gasto público. El reclamo de mayor financiamiento busca modernizar el sistema judicial, incorporar más jueces y hacer más eficiente su trabajo.

A este pedido se suma la aprobación de al menos cuatro proyectos de ley que, según los magistrados, están destinados a modernizar y hacer más eficiente la administración de justicia. También pidieron la aprobación de una norma que permita la destitución de jueces sometidos a procesos disciplinarios con el objetivo de fortalecer el control interno y la lucha contra la corrupción judicial.

El Gobierno de Rodrigo Paz rechazó la posición del Órgano Judicial y calificó la amenaza de paro como “un hecho inaudito”. El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que la mención de la medida de presión es “reprochable” y que la crisis del sistema judicial “no se soluciona con un paro”.

En respuesta, Saucedo justificó el ultimátum señalando que quienes respetan “la institucionalidad y el estado de Derecho” no son atendidos, “pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, en referencia al acuerdo del Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) que, tras 44 días consecutivos de bloqueos de caminos, terminó con mesas de trabajo para atender sus reclamos.

La justicia boliviana atraviesa desde hace varios años una crisis institucional marcada por cuestionamientos fundamentados a su independencia, retardación de los procesos, alta mora judicial, corrupción, injerencia en otros poderes del Estado y falta de juzgados provinciales y de recursos.

Pese a las evidentes debilidades estructurales del sistema judicial, todos los intentos de reforma han fracasado. En los últimos años se conformaron comisiones de expertos, se elaboraron propuestas de modificaciones normativas y se elaboraron planes de transformación que no prosperaron debido a la falta de consensos políticos.

El último intento de iniciar una reforma ocurrió una semana después de que Paz asumiera la Presidencia, en noviembre del año pasado, cuando se celebró una Cumbre de Justicia en la que se planteó conformar una comisión para elaborar la reforma judicial, impulsar la digitalización y promover reformas legales, entre otros puntos que no incluyeron asuntos presupuestarios.

El cruce entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial genera debate en Bolivia. Mientras algunos sostienen que es imposible mejorar la administración judicial con un presupuesto limitado, otros creen que el acceso oportuno e imparcial no se garantiza con recursos.

“La crisis judicial en Bolivia no se resuelve con más computadoras, leyes de emergencia ni elecciones parciales”, escribió en X el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del país Eduardo Rodríguez Veltzé. “Sus problemas son estructurales y profundos. Exigen un compromiso político serio que la atienda como una ‘política de Estado’. Su reforma debe procurar un servicio judicial accesible, imparcial y confiable al servicio de la ciudadanía, no del poder de turno”, remarcó.