Sigue la polémica en Chile por el paradero de decenas de niños haitianos que entraron al país en 2025 en vuelos chárters, bajo la figura de “reunificación familiar” y acompañados de 12 tutores legales con quienes no compartían lazos sanguíneos, a pesar de que la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó esta jornada que 52 menores de una lista de 64 han sido hallados en buen estado y escolarizados, aunque muchos de ellos en situación de pobreza.
Ello, puesto que aunque el Servicio de Migraciones (Sermig) estampó una denuncia por presunto tráfico de menores, este domingo el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, aseguró que “hasta ahora, con la información que manejamos, por la información también que ha venido saliendo desde los municipios, no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito”.
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En conversación con el programa político Estado Nacional, Quesille detalló que “hay un grupo de niños que formalmente han sido ubicado y que en definitiva también da cuenta de un trabajo coordinado de un trabajo coordinado de las instituciones competentes”.
Ahora, aseguró el defensor, solo falta saber “cuál es su situación real, si están gozando o no de los derechos de que son titulares y efectivamente ver cuáles son las brechas que del sistema de protección integral”.
Quesille calificó también como acertada la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de poner el asunto en manos del Ministerio de Desarrollo Social, pues “el enfoque que se le está dando a esta tarea no es el de la seguridad, no es de control migratorio, sino que es desde la mirada desde la protección de niños, niñas y adolescentes”.
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Alertas desde 2023
De acuerdo al abogado, la oficina que dirige viene levantando alertas desde 2023 a distintas instituciones por presuntas irregularidades en los documentos presentados por los menores y sus tutores al ingresar al país.
Debido a esto, “la primera herramienta legal es efectivamente identificar si dentro de este proceso existen o no eventuales comisiones de delitos o existen vulneraciones de derechos”, afirmó Quesille.
Así, pidieron a la Policía de Investigaciones (PDI) y el Sermig “que nos entregaran un reporte detallado que nos permitiera ver la situación de los menores para ver si había vulneraciones o delitos”, aseveró.
Según Quesille, desde la PDI, “no dan cuenta de situaciones que estuvieran vinculadas a la comisión de delitos”, mientras que desde el Sermig, aseguró, no tuvieron respuesta.
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“Dimos cuenta que había una serie de situaciones donde eventualmente podría haber riesgos para los derechos de los niños y niñas en contexto de movilidad. Primero, en general, riesgos de que sean víctimas de explotación sexual, riesgos de que sean víctimas del crimen organizado, paso por vías irregulares muchas veces con situaciones vinculadas a explotación o a cuestiones relacionadas con captación por el crimen organizado, y una serie de riesgos de vulneraciones de derechos en general", remató Quesille.
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