
Continúan las repercusiones tras la investigación que abrió el Ministerio Público por el presunto tráfico de más de 300 menores de edad haitianos, quienes entraron al país entre enero y abril de 2025 en varios vuelos chárter, bajo la figura de una “reunificación familiar”, acompañados de adultos que fungieron como “tutores legales” sin tener lazos consanguíneos con ellos.
Para peor, las autoridades no hicieron una trazabilidad de los niños y adolescentes, por lo que ahora se desconoce su paradero dentro del país.
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El asunto ha significado la apertura de investigaciones penales y sendos sumarios al interior del Registro Civil, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), amén de la instalación de comisiones investigadoras en el Congreso, hasta donde llegaron las autoridades de gobierno a dar sus explicaciones del caso.
Este miércoles, desde la Unicef también se pronunciaron al respecto, tildaron el asunto como “grave” e hicieron un llamado a investigar con “celeridad” las circunstancias de este hecho.
“Ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, UNICEF está solicitado a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes (...) Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”, señalaron mediante un comunicado.
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“Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, agregaron.
Al cierre, recalcaron que es necesario “saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.

El plan de acción del gobierno
Por su parte, el biministro Claudio Alvarado señaló este miércoles que el presidente José Antonio Kast “nos instruyó actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años”, y dio detalles de las acciones que está tomando el gobierno al respecto, partiendo por la denuncia penal presentada por el Sermig.
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“Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación”.
Así, esta jornada se lleva a cabo una reunión con las policías, autoridades de la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría y las instituciones mencionadas, a fin de “reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados“.
“Es mucho mejor trabajar coordinadamente, establecer una responsabilidad que permita solicitar, trabajar, obtener esa información y colocarla a disposición del Ministerio Público”, explicó Alvarado.
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“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir (...) No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno (...) Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas”, remató la autoridad.
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