Bolivia descarta el pago retroactivo de la renta vitalicia para la expresidenta Jeanine Añez

El Gobierno de Bolivia descartó realizar el pago retroactivo por cinco años de renta para expresidentes a la expresidenta Jeanine Añez (2019-2020). A través de un comunicado público, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que no existe un respaldo legal para realizar el desembolso.

En la nota, esa cartera explica que el trámite para solicitar el pago vitalicio consiste en presentar una solicitud acompañada de una certificación emitida por el Ministerio de la Presidencia que acredite el periodo de ejercicio de sus funciones.

Añez habría realizado solicitudes de certificación durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), sin lograr obtenerlas y, por lo tanto, no pudo presentar la solicitud del pago.

Recién el 12 de diciembre de 2026, cuando el presidente Rodrigo Paz llevaba un mes en funciones, lo hizo cumpliendo con los requisitos establecidos por ley. En ese sentido, el Gobierno emitió una resolución ministerial mediante la cual se autorizó el pago de la renta vitalicia.

Posteriormente, el 6 de enero, la expresidenta solicitó desembolsos retroactivos. “Corresponde aclarar que el Ministerio de Economía no puede autorizar pagos retroactivos que no estén expresamente respaldados por la normativa vigente”, señala la nota en la que remarca que la Ley 376, que regula el beneficio, no contempla pagos por periodos anteriores a su reconocimiento.

“Este Gobierno reconoció y autorizó el beneficio que no fue otorgado durante la anterior administración, pero no existe respaldo legal para efectuar pagos por periodos que no fueron reconocidos ni habilitados conforme a ley”, señala el comunicado.

En respuesta, la expresidenta manifestó que no está pidiendo un privilegio sino el cumplimiento de un derecho que le fue negado. “¿Debe una persona perder años de un derecho que le corresponde porque el Estado le impidió ejercerlo? Yo sostengo que no”, escribió en su cuenta de X en referencia a la imposibilidad de obtener antes los requisitos para el pago.

“No pido privilegios. Pido que se respete la ley y que se reconozcan plenamente los derechos que me corresponden como expresidenta constitucional de Bolivia”, escribió.

Añez asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) durante los convulsos días de noviembre de 2019. Morales, que intentaba asumir ilegalmente un cuarto mandato, huyó del país en medio de protestas sociales que exigían su renuncia y lo acusaban de haber cometido fraude electoral.

Con su dimisión cayeron también quienes lo seguían en la línea de sucesión constitucional: el vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados.

Añez, que hasta entonces había sido una senadora de bajo perfil por el departamento amazónico, ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. El 12 de noviembre, en una sesión sin quórum y cuestionada por el incumplimiento del reglamento interno, asumió la presidencia del Senado primero y la del Estado después.

Su mandato transitorio, que debía durar tres meses y solo convocar a elecciones, duró casi un año, debido a que la elección sufrió postergaciones por la pandemia de Covid-19.

Cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales retornó al poder con la candidatura de su sucesor, el expresidente Luis Arce, se abrieron múltiples procesos judiciales contra Añez por la forma en la que asumió el Gobierno y por denuncias de corrupción. La exmandataria estuvo encarcelada cuatro años y recuperó su libertad en noviembre de 2025, cuando la Justicia resolvió anular una sentencia de diez años en su contra.