El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

Con 87 votos favorables, la Asamblea Nacional aprobó este martes una ley que endurece las sanciones contra quienes utilicen de manera indebida uniformes, insignias y distintivos de instituciones de seguridad para cometer delitos o simular actuaciones oficiales. La normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y será enviada al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

La votación se produjo tras un debate en el que, además del contenido de la propuesta relacionada con seguridad pública, varios legisladores cuestionaron la incorporación de una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, incluida en el informe para segundo debate.

El proyecto aprobado reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normas conexas con el objetivo de enfrentar una modalidad utilizada por grupos criminales que operan haciéndose pasar por policías, militares u otros funcionarios públicos para ejecutar secuestros, robos, extorsiones y otros delitos.

Según los argumentos expuestos durante la discusión legislativa, las organizaciones delictivas han recurrido con frecuencia al uso de prendas institucionales, credenciales falsas y vehículos adaptados para aparentar pertenecer a organismos estatales. Esta práctica les permite acercarse a las víctimas bajo una apariencia de legalidad y reducir las posibilidades de resistencia o denuncia inmediata.

Entre los principales cambios introducidos por la ley figura la creación de nuevos tipos penales relacionados con la simulación de autoridad. La normativa sanciona a quienes realicen controles, operativos, allanamientos, patrullajes o cualquier procedimiento que pretenda aparentar una actuación oficial sin contar con facultades legales para ello.

Las penas se incrementan cuando esas conductas se ejecutan utilizando uniformes, insignias o distintivos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. La legislación también contempla sanciones para quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan o faciliten estos elementos sin autorización de las instituciones correspondientes.

El alcance de la norma no se limita a policías y militares. El texto aprobado incluye la protección de uniformes y distintivos utilizados por entidades de socorro, organismos de emergencia, instituciones de seguridad ciudadana y otras organizaciones públicas o privadas cuya identificación pueda ser empleada para inducir a error a la población.

La ley establece además agravantes cuando el uso de estos elementos forme parte de la comisión de otros delitos. Con ello, el legislador busca que la utilización de símbolos institucionales deje de ser considerada únicamente un elemento accesorio y pase a tener consecuencias penales específicas.

Durante la sesión, los asambleístas que respaldaron el proyecto señalaron que la reforma responde a una demanda recurrente de las fuerzas de seguridad y de las autoridades judiciales, que han advertido sobre el incremento de delitos ejecutados mediante la suplantación de autoridad.

Sin embargo, una parte importante del debate se concentró en una disposición incorporada al texto final relacionada con la Contraloría General del Estado. Legisladores de la Revolución Ciudadana y de Pachakutik sostuvieron que la modificación no guarda relación con el objeto principal de la ley y cuestionaron que haya sido añadida dentro de una normativa enfocada en seguridad.

La disposición faculta a la Contraloría a eliminar o destruir determinada información clasificada, reservada o confidencial una vez concluidos los procesos correspondientes y cumplidos los plazos previstos por la ley. Los legisladores que rechazaron el proyecto argumentaron que el tema requería una discusión independiente debido a sus posibles implicaciones para el manejo de documentación sensible.

Desde el oficialismo se defendió la incorporación de la reforma y se sostuvo que busca regular procedimientos internos relacionados con la administración de información protegida dentro del organismo de control.

Además de las modificaciones penales, la ley incorpora disposiciones orientadas a promover campañas informativas para que la ciudadanía pueda identificar correctamente uniformes e insignias oficiales y reconocer posibles intentos de suplantación.

Con la aprobación legislativa, el proyecto pasará ahora al Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa podrá sancionar el texto para su publicación en el Registro Oficial o presentar objeciones antes de que entre en vigencia.