Rodrigo Paz: “No permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para destruir la democracia”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este domingo el apoyo de Estados Unidos frente a la ola de conflictos sociales que atraviesa el país y aseguró que no permitirá que “intereses narcoterroristas” intenten destruir la democracia.

“Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, afirmó el primer mandatario en un mensaje publicado en X cuando se cumplen 31 días de bloqueos de carreteras en el país. “Siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir”, agregó.

El mensaje estaba dirigido al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien días atrás brindó su respaldo a la administración de Paz. En la misma red social, Hegseth había manifestado que el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cártel de las Américas rechazaban el intento de “derrocar” al gobierno boliviano.

“Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, afirmó el secretario estadounidense, a tiempo de ratificar el apoyo al país.

El mensaje de Hegseth no es el primero que expresa el respaldo de Estados Unidos al país sudamericano desde el inicio de los conflictos hace más de un mes. Anteriormente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental manifestó su respaldo, al igual que los países miembros del Escudo de las Américas, la alianza creada por el presidente Donald Trump en marzo para combatir organizaciones criminales en la región.

Por otro lado, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y el número dos de esa oficina, Christopher Landau, hicieron público su respaldo al presidente Paz.

De momento, y al menos de manera pública, el apoyo del gobierno de Estados Unidos se ha materializado en la entrega de “alimentos de emergencia y apoyo de operaciones logísticas”, según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, para los damnificados por los cortes de carreteras, que se concentran principalmente en las ciudades andinas de La Paz y El Alto.

La crisis social comenzó hace un par de meses con reclamos de aumentos salariales, protestas por la escasez y mala calidad del combustible y en rechazo a varias reformas que estaba encarando el gobierno. Los conflictos se intensificaron en las últimas semanas cuando sindicatos obreros, campesinos de la región occidental y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) radicalizaron sus demandas y empezaron a exigir la renuncia del primer mandatario.

Desde entonces, los bloqueos de carreteras se han masificado y extendido por todo el país: este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras reporta 84 piquetes en seis de los nueve departamentos del país.

Mientras el gobierno apostó por llamar al diálogo a los sectores movilizados en encuentros que nunca se concretaron, el Parlamento abrogó una ley que limitaba el estado de excepción y aprobó otra norma para regular su implementación que hasta ahora no ha sido promulgada por el presidente.

Una vez que esté en vigencia, Paz podrá recurrir a las fuerzas militares para restablecer el orden y el libre tránsito en el país, donde algunas ciudades enfrentan escasez de alimentos, combustible y medicamentos debido a los bloqueos.

Hasta ahora la participación de los militares ha sido limitada para despejar algunas vías y en coordinación con la Policía. La intervención más reciente ocurrió el sábado, en la localidad cruceña de San Julián, al este del país, donde al menos 25 personas —entre ellas seis policías— resultaron heridas y se reportó el uso de armas de fuego entre civiles.

La Defensoría del Pueblo pidió una investigación imparcial para esclarecer el uso de armamento y denunció que además de las fuerzas estatales hubo presencia de “grupos paraestatales y de choque” en los enfrentamientos con los bloqueadores.

Por lo pronto, no hay visos de una salida consensuada a la crisis. El Gobierno, que hoy cumple siete meses en funciones, enfrenta no solo pedidos de renuncia sino también de acciones para superar la crisis; mientras que los grupos que exigen su renuncia advirtieron con el fortalecimiento de las medidas de presión.