En un acto cargado de simbolismo, dolor y exigencias de justicia, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), general Mauricio Salazar Machuca, pidió perdón públicamente a las familias de Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, los cuatro menores desaparecidos forzadamente tras ser detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024. La ceremonia se realizó la tarde del 4 de junio en el Hemiciclo de la Rotonda, en Guayaquil, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó medidas de reparación integral para las víctimas y sus familiares.
Ante los padres, madres y familiares de los menores, así como representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, Salazar leyó el texto dispuesto por la Corte Constitucional. El comandante compareció en representación del Estado ecuatoriano para reconocer la responsabilidad institucional en los hechos.
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“Con vergüenza y dolor”, inició el mensaje oficial. En el texto se reconoció que el Estado fue responsable de “la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, y que las Fuerzas Armadas incumplieron su deber constitucional de proteger la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos.
La declaración también admitió que las familias no recibieron información inmediata, completa ni veraz sobre el paradero de los menores y que la respuesta estatal fue “tardía, fragmentaria y contradictoria”, lo que prolongó la angustia de sus seres queridos. Asimismo, reconoció que algunas declaraciones oficiales emitidas tras la desaparición contribuyeron a estigmatizar a los niños y a sus familias, reforzando prejuicios relacionados con su condición social y étnica.
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“Pedimos perdón de manera explícita a las madres, padres, hermanas, hermanos y demás familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías”, señaló el documento leído por el comandante. También se comprometió a impulsar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, incluyendo cooperación con las investigaciones judiciales, protocolos específicos para la actuación frente a niños y adolescentes y procesos permanentes de formación en derechos humanos.
El acto se desarrolló casi un año y medio después de la desaparición de los menores y tres meses después de que la Corte Constitucional concluyera que el Estado vulneró múltiples derechos fundamentales de las víctimas y sus familias.
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Tras las disculpas oficiales, los familiares tomaron la palabra.
Ronnie Medina, padre de Steven Medina, agradeció el respaldo recibido durante el proceso judicial y recordó el impacto que tuvo la desaparición de los niños en sus familias. “Nos sentíamos muertos en vida, no sabíamos qué hacer, como que nos arrancaron el alma del pecho”, dijo. También aprovechó su intervención para extender su solidaridad a otras familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. “Deseo que se haga justicia con los otros papitos que no encuentran a su familia. Es lo que más queremos, que se haga justicia para todos”, expresó.
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Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, afirmó que vive sentimientos encontrados tras el reconocimiento oficial. Entre lágrimas, anunció que aceptaba las disculpas y aseguró que no le corresponde juzgar a los responsables. “Yo los perdono de todo corazón”, manifestó. Sin embargo, recordó que la tragedia afectó no solo a su familia, sino también a miles de personas que siguieron el caso dentro y fuera del país.
Por su parte, Johana Arboleda, madre de Nehemías, resumió en pocas palabras la principal demanda que aún mantiene. “Lo único que quiero saber es la verdad. La verdad, qué pasó con nuestros hijos”, señaló. También pidió que hechos similares no vuelvan a repetirse contra ningún otro niño y expresó su apoyo a las familias que continúan buscando a sus desaparecidos. “A las chicas que tienen sus familiares perdidos, estoy con ustedes”, dijo.
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Silvana Lajones, madre de Steven, también aceptó las disculpas públicas. “Yo no soy Dios para juzgar. Solamente Dios puede juzgar”, afirmó.
Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Katy Bustos, madre de Ismael y Josué, pidió que se pusieran de pie las llamadas “madres buscadoras” presentes en el evento. Al dirigirse a ellas, sostuvo que merecen obtener respuestas del Estado de la misma manera que su familia logró avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.
“Ellas merecen una respuesta como un día nosotros la tuvimos. Ellas merecen saber dónde están sus familiares, dónde están sus esposos, sus hijos, sus hermanos”, expresó.
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Durante la ceremonia también intervino Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que acompañó a las familias desde los primeros días de la desaparición. Navarrete recordó que en Ecuador existen decenas de casos de personas desaparecidas cuyos familiares continúan buscando respuestas y señaló que, según los registros presentados durante el acto, al menos 51 personas permanecen desaparecidas tras presuntas intervenciones de agentes estatales.
El dirigente reconoció además el significado institucional del acto y destacó que era la primera vez que un alto mando militar comparecía públicamente para pedir perdón a las víctimas de un caso de desaparición forzada. “Usted ha sido el primer funcionario público de las Fuerzas Armadas que les da la cara y que les pide perdón”, afirmó dirigiéndose al comandante de la FAE.
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Aunque las disculpas públicas constituyen una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Constitucional, las intervenciones de las familias dejaron claro que su principal demanda continúa siendo la misma que formularon desde diciembre de 2024: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías, y que ningún otro hogar ecuatoriano vuelva a atravesar una tragedia similar.
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