Dos personas murieron —una mujer de 47 años y un hombre de 45— el miércoles tras no recibir atención médica a tiempo por los bloqueos que, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), suman 84 puntos en todo el país este jueves. La cifra de fallecidos aumentó a al menos 10 en todo el país desde el inicio del conflicto.
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto anunció una tregua temporal que permitió el ingreso parcial de alimentos y combustible a La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por el cerco.
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Sin embargo, el Gobierno dejó en claro que su prioridad inmediata es la habilitación de un corredor humanitario para garantizar el paso de oxígeno medicinal, ambulancias y medicamentos. Según el Ejecutivo, 42 personas dependen del suministro de oxígeno para preservar sus vidas.
“Como Federación de Juntas Vecinales hemos determinado dar una tregua con el fin de permitir el paso y garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad”, declaró Germán Flores, presidente de la Fejuve. Aclaró que la apertura se limita al fin de semana largo por el feriado de Corpus Christi.
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que la situación en el área de salud sigue siendo crítica. “Necesitamos que le den paso a las ambulancias, al oxígeno, al combustible y al alimento. Necesitamos sentarnos y normalizar lo antes posible todo esto”, afirmó.
Los departamentos de Cochabamba y La Paz concentran la mayor cantidad de bloqueos, con 25 y 20 puntos respectivamente. Los siguen Potosí (15), Oruro (12), Chuquisaca (9) y Santa Cruz (3).
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La cifra representa una leve reducción frente a los 103 puntos registrados a la misma hora de la jornada anterior, en el marco del día 35 de movilizaciones y el 30 de bloqueos sostenidos por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento campesino.
La violencia también escaló en algunos tramos. El martes, integrantes de los Ponchos Rojos apedrearon una ambulancia que trasladaba a un paciente en estado crítico, un hecho condenado por múltiples sectores, incluida la Defensoría del Pueblo. En ese contexto, las autoridades aprehendieron al dirigente vecinal Justino Apaza, señalado como uno de los principales impulsores de las movilizaciones en La Paz.
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La apertura de rutas permitió mejorar el abastecimiento de productos básicos, aunque con precios elevados: el pollo se comercializó a 38 bolivianos el kilo tanto en La Paz como en El Alto, producto que llegó a través de un puente aéreo organizado para paliar la escasez. El flujo de combustible hacia las estaciones de servicio también comenzó a recuperarse tras días de desabastecimiento total.
La Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), distanciada de la COB, se sumó a los llamados a una pausa humanitaria y exigió el retorno al diálogo, el ingreso irrestricto de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos básicos.
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