
En medio de la grave crisis que atraviesa Bolivia, Evo Morales no cede y aumenta la tensión. El ex presidente volvió a exigir este domingo la convocatoria a elecciones en 90 días para evitar muertos, instando al gobierno de Rodrigo Paz a optar por un proceso electoral urgente en lugar de “la militarización” para terminar con los bloqueos.
El ex mandatario, sobre quien pesa un pedido de captura, considera que la renuncia de Paz y la conformación de un gobierno de transición son la única garantía de pacificación, en un escenario marcado por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles tras tres semanas de bloqueos.
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Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, Morales advirtió: “Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”. “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, agregó.
Pese a las reiteradas amenazas de Morales, el gobierno de Bolivia insiste en el diálogo con los sectores movilizados. El presidente Paz aseguró que hará “todos los esfuerzos” por dialogar, pero afirmó que existe un límite ante las manifestaciones, a las que atribuye la intención del líder cocalero de instigar la crisis. Las autoridades denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que estas movilizaciones buscan “alterar el orden democrático”.
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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, reiteraron la invitación al diálogo, pero también acusaron a Morales de alentar la desestabilización. El Ejecutivo sostiene que Morales es prófugo de la justicia por un caso vinculado a trata de menores, con lo que procura restar legitimidad a su figura como referente de las protestas.
Mientras tanto, sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, campesinos del altiplano y seguidores de Morales mantienen bloqueos y enfrentamientos exigiendo la salida del presidente. El Comité pro Santa Cruz, liderado por Stello Cochamanidis, rechaza la estrategia de diálogo e insiste en el desbloqueo inmediato de las carreteras hacia centros logísticos cruciales.
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La situación en las rutas ha escalado la violencia. Desde hace 18 días, fuerzas de seguridad intentaron liberar una carretera nacional, pero fueron emboscadas en Copata, en el corredor entre La Paz y Oruro. El convoy de militares y policías, al mando de Zamora, fue atacado con dinamita e imposibilitado de avanzar.
Según Zamora, tuvieron que buscar una ruta alterna para proteger la vida del personal y de ciudadanos atrapados. Permanecieron varias horas sin comunicación, hasta que lograron regresar a un lugar seguro. También se informó que equipos de prensa, presentes en la operación, se retiraron por caminos alternativos debido al ataque.
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Los bloqueos persisten desde hace más de tres semanas, interrumpiendo el traslado de alimentos, combustibles e insumos médicos hacia La Paz y El Alto. Esta situación ha elevado la inflación interanual al 14 %. El gobierno denunció la difusión de “noticias falsas” sobre supuestas muertes durante los operativos, atribuyendo dicha campaña a sitios no radicados en el país y a intereses que buscan desestabilizar.
Frente a la gravedad de la crisis, el Ejecutivo mantiene su llamado al diálogo. La administración Paz convocó a líderes campesinos y organizaciones sociales a una sesión del Consejo Económico y Social, pautada para el 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.
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Oscar Mario Justiniano confirmó que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari fue invitada a participar en este encuentro, con el objetivo de destrabar los bloqueos. Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz sostuvo su desconfianza, señalando que el gobierno busca únicamente ganar tiempo.
En este contexto de creciente incertidumbre, varias voces dentro del gobierno lamentaron el nivel de violencia alcanzado y el profundo quiebre social, señalando la preocupación por los ataques que impiden recuperar el abastecimiento esencial para las ciudades más afectadas.
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