El gobierno de Bolivia insiste en el diálogo con los sectores movilizados para poner fin a los bloqueos y las protestas violentas

El gobierno boliviano insiste en el diálogo con sectores movilizados tras casi 20 días de bloqueos que han profundizado la crisis política, económica y social en el país. El Ejecutivo convocó para este domingo a líderes campesinos y organizaciones sociales a una próxima reunión del Consejo Económico y Social, en un esfuerzo por hallar consensos que permitan superar las protestas nacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó la convocatoria formal a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión clave este domingo. Además, la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social fue fijada para el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.

Justiniano recalcó que el diálogo ha sido permanente y forma parte del compromiso democrático asumido por el Ejecutivo, de acuerdo a lo reportado este domingo por el diario El Deber. El ministro detalló la realización de múltiples reuniones en las últimas semanas, así como el envío de invitaciones formales a organizaciones sociales para renovar el acercamiento oficial. Subrayó, además, que las demandas campesinas son “legítimas”, y advirtió que los bloqueos han generado un serio impacto sobre la producción agrícola, provocando la pérdida de meses de trabajo en pocos días.

Por otra parte, recientemente tuvo lugar una reunión de más de cinco horas entre el gobierno y la Confederación de Mujeres Interculturales, donde se acordó una agenda de trabajo. El Consejo Económico y Social, previsto en la Constitución, se perfila como un foro para abordar el desarrollo económico y la estabilidad social.

Las movilizaciones continúan en varias regiones de Bolivia, con bloqueos organizados por campesinos aimaras, sindicatos y simpatizantes de Evo Morales. Estos sectores exigen tanto respuestas a demandas económicas y sociales como la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Comité pro Santa Cruz, cuyo presidente es Stello Cochamanidis, reiteró su ultimátum para este domingo, reclamando el desbloqueo de San Julián y expresando escepticismo ante la estrategia gubernamental. Desde ese sector sostienen que la intención principal es forzar la salida del presidente y no negociar acuerdos.

Dirigentes cívicos han solicitado también la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, denunciando la existencia de grupos “delincuenciales” y señalando ataques contra periodistas y la utilización de armas en los enfrentamientos. Estos incidentes han incrementado el riesgo de nuevas víctimas y mantienen la tensión en el país.

La extensión de los bloqueos ha alcanzado lugares como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, generando preocupaciones y trastornos en la vida cotidiana de la población.

El gobierno desplegó este sábado un operativo combinado de fuerzas militares y policiales para despejar una arteria vital en la zona andina. El avance del convoy generó nuevamente enfrentamientos con manifestantes, que respondieron con cargas de dinamita y lanzamientos de piedras.

El objetivo del denominado operativo humanitario con banderas blancas era restablecer el flujo de alimentos y suministros médicos hacia La Paz y El Alto, ciudades severamente afectadas por los bloqueos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó una caravana integrada por más de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y maquinaria pesada, para remover obstáculos en la ruta.

Durante la operación, los manifestantes dañaron varios vehículos y, en un incidente en El Alto, retuvieron a un policía vestido de civil, quien fue presentado como “rehén” en un video y posteriormente rescatado por agentes de inteligencia. Los disturbios incluyeron la quema de un autobús y el saqueo de instalaciones estatales, lo que contribuyó a agudizar la tensión social en la zona.

Las autoridades constataron que tras cada avance del operativo, los bloqueos eran reinstalados. A pesar de los intentos de diálogo en los puntos de conflicto, la situación no se ha resuelto.

En el ámbito político, el llamamiento al diálogo divide opiniones en la Asamblea Legislativa. La diputada Ximena Arispe considera indispensable recurrir a mesas de diálogo para encauzar las demandas y discutir eventuales reformas en el gabinete.

Por otro lado, la diputada Eliana Condori ha defendido el derecho a la protesta y apunta que la crisis política y económica se ha profundizado debido a los bloqueos. Otros parlamentarios, como Claudia Bilbao, insisten en distinguir entre reclamos sociales legítimos y hechos considerados delictivos, subrayando la necesidad de una respuesta policial ajustada a la ley.

Los bloqueos han generado pérdidas económicas de consideración, el desabastecimiento de insumos y un daño tangible en el bienestar de la población, que espera la solución del conflicto.

Para numerosos sectores productivos del país, los días de protesta han puesto en riesgo el trabajo y los logros obtenidos en los últimos meses, reflejando la urgencia de consensos que permitan reconstruir la normalidad para millones de bolivianos.