El Ministerio Público de Bolivia solicitó 20 años de prisión para el ex presidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravado, tras acusarlo de haber mantenido una relación con una menor de edad cuando aún ejercía la presidencia.
La resolución judicial adoptó mayor rigor luego de que Morales y la madre de la presunta víctima se ausentaron de la audiencia en Tarija, lo que motivó al tribunal a declarar a ambos en rebeldía y emitir órdenes de búsqueda y captura.
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“No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia”, publicó el ex mandatario ayer en sus redes sociales, ante su ausencia.
Las autoridades judiciales fundamentaron la acusación en hechos ocurridos en 2015, cuando la joven, con 16 años, habría iniciado la relación con Morales, lo que derivó en el nacimiento de una hija.
La Fiscalía presentó pruebas y sostuvo que los padres de la joven entregaron a la menor al jefe de Estado a cambio de favores políticos y beneficios económicos.
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“Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia”, agregó el ex presidente.
A pesar de la orden judicial, Morales permaneció en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, donde recibió protección de sus seguidores y evitó la detención durante más de 18 meses. Esto impidió que la Policía cumpliera la orden, mientras Morales rechazó todas las citaciones judiciales y argumentó que el caso respondía a motivaciones políticas impulsadas por sus adversarios.
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En octubre del año pasado, el Ministerio Público formalizó la acusación contra el ex mandatario y la Fiscalía de Tarija confirmó que incorporó al expediente más de 170 pruebas en su contra para el juicio oral, incluyendo 39 testimonios de testigos.
La defensa de Morales presentó una declaración de la presunta víctima, quien negó haber sido parte de una red de trata, buscando con ese testimonio la suspensión temporal del juicio. El tribunal mantuvo la orden de detención y confirmó las restricciones sobre los bienes y movimientos migratorios de los acusados.
La causa judicial coincidió con protestas y bloqueos en diferentes regiones del país por críticas al gobierno actual por las políticas económicas. Se registraron conflictos en las principales rutas hacia La Paz, impulsados por sectores opositores y apoyados por seguidores del Movimiento al Socialismo.
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, responsabilizó a grupos leales a Morales por los bloqueos y denunció el uso de recursos económicos para movilizar a los manifestantes.
Por su parte, el vicepresidente Edman Lara, enfrentado políticamente con el presidente Paz, exigió acciones inmediatas del gabinete y de la Policía para ejecutar la orden de detención contra el exmandatario.
(Con información de EFE)
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