La Corte de Apelaciones de Santiago elevó este lunes de $70 a $120 millones (USD USD 135 mil) la indemnización que el Estado de Chile deberá pagar por concepto de daño moral a Eduardo Abdón Araya Rojas, detenido en abril de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) cuando solo tenía 9 años junto a sus abuelos, a quienes nunca volvió a ver.
De acuerdo al fallo unánime de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, “se desprende de forma manifiesta la gravedad y entidad de los daños sufridos por el actor y las diversas secuelas sicológicas que hasta el día de hoy le afectan, producto de su detención ilegal en el mes de abril de 1976 cuando tenía la edad de 9 años”.
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Según el escrito, la víctima “se encontraba en compañía de sus primos también menores de edad y de sus abuelos, que ejercían el rol parental a su respecto, y respecto de quienes su paradero actualmente aún se desconoce–, la que se extendió por tres días, período en que fue sometido a diversas torturas físicas y sicológicas; para luego ser liberado junto a sus primos, lo que generó un quiebre irreparable de su vida familiar, en cuanto debió seguir adelante sin figuras parentales, en una situación de desamparo especialmente grave si se considera su corta edad”.
“Tales circunstancias hacen necesario, a juicio de esta Corte, que la indemnización por parte del Estado sea regulada en una suma superior a la fijada por el Tribunal de primera instancia, considerando la gravedad del ilícito y sus circunstancias, la extensión y gravedad del daño sufrido”, cierra el fallo.
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El secuestro
El 2 de abril de 1976, agentes de la DINA llegaron hasta la casa donde Eduardo Araya vivía con sus abuelo en Quintero y se llevaron detenidos a todos los familiares presentes, incluyendo varios primos de la víctima también menores de edad.
Todos fueron conducidos hasta el centro clandestino conocido como Cuartel Venecia, en la comuna santiaguina de Independencia, donde permanecieron por tres días en cautiverio para luego ser abandonados cerca de la casa de otros familiares en la capital.
Sin embargo, de sus abuelos, Bernardo Araya y María Olga Flores, nunca más se supo, siendo catalogados como víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado en el Informe Rettig.
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Araya demandó al Estado por daño moral argumentando pérdida de escolaridad, abandono, hambre, trabajo infantil, exilio y secuelas psicológicas persistentes.
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