Cabildo en El Alto pone plazo al gobierno de Rodrigo Paz para atender una serie de demandas

Un cabildo realizado este fin de semana en la ciudad andina de El Alto, en Bolivia, concluyó con una resolución que otorga un plazo de 15 días al presidente Rodrigo Paz para atender las demandas planteadas por los asistentes, entre las que se incluyen la reducción salarial de los asambleístas legislativos, la eliminación de la figura de legisladores suplentes y de la renta vitalicia para expresidentes, entre otros puntos.

La concentración —a la que denominaron “Despierta Bolivia”— fue convocada por el senador suplente Nilton Condori y algunos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el mayor ente campesino del país. Según medios locales, organizaciones de varias provincias de La Paz llegaron a El Alto para participar en el encuentro.

“Este cabildo ha sido histórico porque se están planteando reglas para transformar Bolivia. El eje fundamental es que los ‘mankagastos’ (mantenidos) tienen que reducirse a 10.000 bolivianos (equivalentes a poco más de mil dólares). Y los suplentes que ganan 7.000 bolivianos se deben reducir a 3.500 (unos 350 dólares). Esa es la esencia de este cabildo”, afirmó Condori.

Sin embargo, a lo largo del evento surgieron reclamos que no estaban contemplados en la convocatoria inicial —centrada en la modificación salarial de los legisladores— y las exigencias viraron hacia temas políticos y económicos más amplios, algunos de los cuales requieren de reformas constitucionales para su ejecución.

En un evento marcado por la improvisación y el desorden en la lectura de las resoluciones, algunos dirigentes llegaron incluso a pedir la renuncia del primer mandatario, como la dirigente de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Luisa Villca, quien calificó el cabildo como el inicio de una “lucha contra las injusticias” del gobierno y demandó la renuncia de Rodrigo Paz.

A pesar de la reiteración de este pedido, la resolución final del cabildo no exige la renuncia de Paz, pero condiciona el reclamo a la “voluntad real” del Gobierno de trabajar con el “pueblo organizado”. “Si el Gobierno no tiene la voluntad real de trabajar junto al pueblo organizado, campesinos, indígenas, originarios, interculturales, transportistas, gremiales, etc., advertimos de manera clara y categórica que solicitaremos la renuncia inmediata del presidente”, señala el documento.

Para algunos analistas en este cabildo confluyeron diversos reclamos y muestras de descontento contra la gestión de Paz, que pueden ser el germen de nuevos frentes de oposición y subir la presión contra el Gobierno, especialmente si se articulan con las de las tierras bajas que reclaman la anulación de una nueva ley que autoriza cambios en la clasificación de la tierra, un tema históricamente sensible en Bolivia.

El investigador social Wilmer Machaca apuntó en redes sociales que el evento fue la antesala del “próximo escenario de batalla” por la nueva ley y anticipa que será “una pelea mucho más nacional y estructural” que la demanda por la rebaja del salario de los congresistas.

En una lectura similar, la escritora alteña y analista Quya Reyna manifestó que si bien hubo “mucha improvisación y ambigüedad” al momento de asumir posturas, la concurrencia se mostró como opositora al Estado. “Hay una población molesta, con ira, indignada. Lo malo es que toda esa población no puede contemplar una agenda única, las luchas están dispersas, perdidas entre las voces de liderazgos muy poco elocuentes o con muy poca fuerza, pero persistentes”, afirmó en una publicación.

Los cabildos son mecanismos de deliberación y participación ciudadana que se realizan con frecuencia en Bolivia, en los que la población se reúne para expresar posiciones colectivas sobre temas de interés público. Si bien las resoluciones no son vinculantes, en las últimas décadas estos eventos adquirieron un peso político importante al convertirse en un espacio de articulación social y presión política sobre las autoridades.

Para que un cabildo sea reconocido legalmente, debe contar con supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que realiza un informe en el que se recogen las resoluciones y el número estimado de asistentes. Según el vocal Alberto Goitia, citado por Visión 360, el TSE no participó en este encuentro, con lo que su celebración no tendría registro institucional.

Sin embargo, algunos dirigentes advirtieron que, de no existir respuestas concretas dentro del plazo establecido, se activarán movilizaciones a nivel nacional. Hasta la publicación de esta nota, no hubo un pronunciamiento oficial del Gobierno sobre estas demandas.